La sección segunda de la Audiencia de Pontevedra acogerá la próxima semana el juicio contra J.A.L.B., un hombre acusado de un delito de asesinato por presuntamente matar a cuchilladas a su expareja sentimental en las inmediaciones del domicilio de la víctima, en Pontesampaio, en octubre de 2015. La Fiscalía pide para el acusado una pena de 20 años de prisión y la prohibición de residir y acudir al municipio durante 25 años. En la gradación de la pena se han tenido en cuenta los agravantes de alevosía y parentesco.
Según se recoge en el escrito de acusación, la víctima puso fin a una relación sentimental que había durado nueve meses en agosto de 2015, ruptura que el acusado "no aceptó de buen grado". En la madrugada del 24 de octubre, J.A.L.B. esperó a su pareja en las inmediaciones de su domicilio, y cuando llegó, se subió a su coche con el pretexto de que quería hablar con ella. Comenzaron a discutir y, "de repente, y de forma inesperada", el acusado, "con el ánimo de acabar con su vida", atacó a la víctima con un arma blanca.
La Fiscalía pide indemnizar a los padres de la víctima con 60.000 euros por cabeza y a sus tres hermanos con 20.000
Cuando ella logró salir del coche, le volvió a clavar el arma blanca varias veces. En total, recibió veinte heridas distribuidas por la cara, cuello, tórax, brazo y mano derechos, así como en mano y cara posterior de hemitórax izquierdos; tres de ellas de tal gravedad que le ocasionaron la muerte casi inmediata por hemorragia masiva y shock hipovólemico.
El acusado, al oír los gritos de un vecino de la zona, se apoderó del vehículo de la víctima, que tenía las llaves puestas, y huyó del lugar circulando por distintas vías hasta que, ante la imposibilidad de continuar, lo dejó abandonado en un camino en medio del monte. Por este motivo, además del delito de asesinato, J.A.L.B. será también acusado de hurto de uso de vehículo de motor ajeno, por el que la Fiscalía pide una multa de un mes con una cuota diaria de seis euros.
En concepto de responsabilidad civil, pide indemnizar a los padres de la víctima con 60.000 euros a cada uno y a sus tres hermanos con 20.000 euros por cabeza.
