La Fiscalía de Pontevedra solicita nueve años y cuatro meses de prisión para un pontevedrés que está acusado de haber maltratado y agredido sexualmente a su expareja, tras no aceptar su separación tras poco más de un año de relación sentimental.
El juicio se celebrará los próximos días 22 y 24 de junio en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, por los delitos de malos tratos sobre la mujer, agresión sexual y amenazas leves.
Según recoge el fiscal en su escrito de acusación, los malos tratos habrían comenzado a los siete meses de iniciar la relación y, en concreto, relata un episodio concreto que ocurrió en una calle de Pontevedra en septiembre de 2018.
La pareja iba en un coche, camino de su casa, cuando en plena discusión el acusado empezó a insultarla y, tras detener el vehículo, le pegó dos bofetones en la cara.
Además, "en fecha no determinada", continúa el representante público, "pero en todo caso durante la relación", amenazó a la mujer asegurando que iba a prender fuego a la casa con gasolina con ella y sus hijos dentro, "causando en ella un gran temor y desasosiego".
Ya rota la relación, en mayo de 2019, la víctima denunció que su expareja la siguió hasta su domicilio y, tras negarse a abrirle la puerta, el acusado rompió el cristal de la puerta, accedió a la vivienda y, a pesar de su resistencia, acabó violándola en el dormitorio.
Durante la agresión, según este relato, el hombre le dijo que estuviese quieta y pensase en sus hijos. Al terminar, le dijo que no le denunciara "o lo iba a pasar mal".
A pesar de ello, y tras fingir que todo estaba bien para que se fuera, la mujer lo denunció ese mismo día y acudió a un centro hospitalario para ser evaluada de sus heridas.
El acusado estuvo cerca de un año en prisión provisional por estos hechos y en la actualidad está en libertad, obligado a llevar un dispositivo de seguimiento telemático para comprobar que no se acerque a menos de 500 metros de la víctima.
Junto con la pena de cárcel, la Fiscalía reclama al tribunal que se le impongan ocho años de libertad vigilada tras su salida de prisión, manteniendo además la orden de alejamiento durante año y medio más del tiempo que pase encerrado.
Además, exige que indemnice a la víctima con 250 euros por las lesiones causadas y al Servizo Galego de Saúde con los 1.220 euros que costó la atención médica recibida por la mujer tras la agresión sexual sufrida.
