Solicitaban por vía telefónica e informática miles de litros de combustible para un uso empresarial, exhibían un justificante de la transferencia bancaria para su pago y, cuando el gasóleo ya estaba servido, anulaban la transferencia y se quedaban el combustible.
Entre el 9 de noviembre de 2016 y el día 11 del mismo mes, los tres acusados, que ahora serán juzgados en Pontevedra por el magistrado titular de Instrucción número 1, realizaron hasta tres operaciones idénticas, según consta en el escrito de la fiscalía, por importesde 56.514, 56.566 y 85.205 euros, respectivamente.
Para ejecutar sus artimañas, que ahora el Ministerio Público considera fraudulentas, los encausados constituyeron varias sociedades que usaban como pantallas.
El fiscal solicita para ellos penas de seis años de cárcel, multas superiores a los 900.000 euros y una indemnización próxima a los 170.000 euros por un presunto delito continuado de estafa, agravado por la reincidencia con la que, de acuerdo con el relato de la acusación, habrían actuado hace ahora siete años.
