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Plantan fuego a la nave de Pérez Lago para atemorizar a la mujer de su socio

Estado de la nave tras el incendio. GONZALO GARCÍA
Estado de la nave tras el incendio. GONZALO GARCÍA

El inmueble del hijastro de Laureano Oubiña está intervenido judicialmente y guardaba en su interior varias lanchas rápidas y remolques ▶ La esposa de ‘El Panadero’ y su asistenta comparecieron obligadas y dijeron no haber visto nunca a sus supuestos secuestradores

La realidad, cuando se habla del oscuro mundo del narcotráfico gallego, se asemeja mucho, en ocasiones, a la ficción. La declaración judicial de este miércoles de la esposa y la asistenta de José Ramón Dorgambide, El Panadero, hizo ver a dos personas temblorosas, casi en pánico. Una y otra ni siquiera se atrevieron a mirar a los dos hombres que supuestamente les secuestraron para quedarse con el dinero de su marido, garante de los fondos de la organización mafiosa del hijastro de Laureano Oubiña. Por supuesto, se desdijeron en su testimonio, dejando huérfano de prueba al Ministerio Público. Pero lo que parecía una sobreactuación en la sala de vistas de la Audiencia Provincial estaba perfectamente motivado: una y otra debían saber que horas antes de su presencia en Pontevedra, alguien había plantado fuego a la nave de la organización de El Panadero (nominalmente perteneciente a David Pérez Lago, su socio, y varias veces embargada) ubicada en el lugar de Couso, en Armenteira.

El miedo que ya les había hecho no comparecer en la primera sesión del juicio se había multiplicado, y el presidente del tribunal, José Juan Barreiro, tuvo que suspender durante algunos minutos el interrogatorio para que la asistenta pudiese continuar contestando preguntas de forma medianamente coherente. Ni juez ni fiscal creyeron, en absoluto, el testimonio de las dos testigos, que en su día habían reconocido ante la Policía y sin ningún género de dudas a los dos procesados, a quienes este miércoles dijeron no haber visto en sus vidas. Cierto es que la marcha atrás ya viene de lejos, pues días después de aquel reconocimiento, ambas remitieron un escrito al juzgado retractándose de lo que habían afirmado. Las amenazas, que se hicieron patentes en el secuestro de noviembre de 2013, volvían a entrar en juego durante la investigación. Y, por si no era suficiente, la lengua de fuego que el miércoles calcinó cuatro lanchas rápidas y que dañó a un coche y a un camión hicieron el resto del trabajo.

En cuanto al juicio, siguió el guion que se aguardaba. Agentes de la Guardia Civil tuvieron que desplazarse a la vivienda de los Dorgambide para obligar a comparecer a Rosario C., esposa del narco, y a María F., la empleada del hogar. El fiscal del caso, Augusto Santaló, tuvo la difícil misión de hacer declarar a dos personas atemorizadas que no pensaban decir la verdad. Con la tan manida respuesta de "no lo recuerdo" acabaron saliendo del paso.

La primera en declarar fue Rosario, que solo confirmó que fue secuestrada, atada y amenazada por individuos desconocidos que entraron en su vivienda fingiendo ser guardias civiles, en los dos primeros casos, y policía, en el tercero. Indicó que le engañaron para entrar en el chalé al decirle que traían una notificación para su hija y, una vez dentro y tras decirle que estaba detenida, la ataron con bridas y la bajaron al garaje. Hicieron lo mismo con la asistenta, que estaba en la cocina. El relato, conducido por el fiscal (ella apenas respondía con monosílabos), añadió que las obligaron a subirse a un coche con un pasamontañas y, tras dar varias vueltas, las condujeron a un lugar que en su día reconoció pero que este miércoles dijo no recordar en absoluto. "Tenía mucho miedo", afirmó. "Yo no me acuerdo dónde estuve, fue una pesadilla". Sin embargo, semanas después de lo ocurrido condujo a la Policía a la citada nave donde permaneció varias horas retenida.

Sí admitió que le amenazaron de muerte, que le dijeron que descuartizarían a su hija y que le iban a empezar a cortar los dedos uno a uno, pero negó que los autores del rapto fuesen los dos jóvenes de Salamanca y Valladolid que se sentaban en el banquillo.

El segundo testimonio fue aún menos esclarecedor. La empleada del hogar, que había declarado en su día que "el más joven" de los acusados "se cortó y sangró" en la nave, este miércoles intentó desdecirse, provocando un visible enojo en el juez. Este asunto interesaba mucho a Santaló, pues, ante la ya conocida declaración exculpatoria de las víctimas/denunciantes, solo le quedaba un as en la manga: la presencia de sangre del presunto sicario de Salamanca, Manuel Solís, en la nave industrial donde se produjo el secuestro, una muestra que fue verificada y confirmada por los peritos en la primera sesión del juicio celebrada el martes.

El presunto sicario Manuel Solís. GONZALO GARCÍA
El presunto sicario Manuel Solís. GONZALO GARCÍA
 

Todo ello obligó al fiscal a retirar su acusación contra Raúl J., el segundo de los acusados. La única prueba que pesaba contra él era el reconocimiento que no fue ratificado en sala. Mantuvo, eso sí, su petición de doce años de prisión para Solís, agarrándose al clavo ardiendo de la sangre hallada en Vilagarcía durante las investigaciones posteriores a lo sucedido.

Volviendo al incendio, la Guardia Civil está al frente de una investigación que será difícil, por no decir imposible, dada la profesionalidad de los supuestos autores. La treta recuerda mucho a la que presuntamente se utilizó durante el último juicio contra Sito Miñanco, cuando alguien plantó fuego a la casa de Los Gerardos, presuntos testaferros del narco cambadés y cuyo nombre salió a la palestra en la misma sala segunda de la Audiencia que el miércoles enjuiciaba el secuestro.

El propio fiscal declaraba este miércoles a la conclusión del plenario que "es complicado" que prospere la acusación, dado que el reconocimiento de los procesados era "la prueba esencial". De ahí que los narcos podrían haberse asegurado bien de cuál sería el testimonio.

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