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SOS de la plantilla de Ence: "La empresa no invierte, va a caer por inanición"

Lafuente (de pie) en la rueda de prensa celebrada por el comité en el edificio de sindicatos. JAVIER CERVERA
Lafuente (de pie) en la rueda de prensa celebrada por el comité en el edificio de sindicatos. JAVIER CERVERA
Advierten de que la empresa ha parado las inversiones "hasta que la situación jurídica se aclare" 

El comité de la fábrica de Ence emplazó este miércoles a "todas las fuerzas políticas que tienen voz" sobre el futuro de la empresa a formar una mesa de trabajo para buscar una fórmula que permita garantizar los puestos de trabajo. La incertidumbre que planea sobre la planta, pendiente de lo que sentencie la Audiencia Nacional, se está volviendo insostenible para la plantilla, que se aproxima a los 400 empleos directos. Por eso el presidente del comité de la fábrica, Antonio Lafuente, instó a los gobiernos autonómico y estatal a buscar "una solución definitiva". 

El portavoz de los asalariados aseguró ayer en rueda de prensa que la empresa ya les ha comunicado que "no invertirá" más en Lourizán "hasta que la situación jurídica se aclare", algo que a juicio de los trabajadores significa "un recorte de inversiones y de mantenimiento" que puede pasar una enorme factura, provocando que "la fábrica caiga por inanición". Según Lafuente, Ence está invirtiendo "lo imprescindible para mantener la fábrica en marcha", lo que para los trabajadores también puede conducir a un cierre de la pastera "por no ser competitivos". 

FALLO. El comité de la fábrica inició una ronda de reuniones con los agentes que cree que podrían mover hilos para anclar los empleos, aunque el resultado no ha sido tan fructífero como esperaba. La Xunta les ha trasladado "que no puede hacer nada , lo que nos ha sorprendido y dejado algo tocados", mientras el PSdeG les ha emplazado a esperar a ver qué ocurre con el juicio en marcha.

El pleito en cuestión fue iniciado por las demandas presentadas por el Concello, la APDR y Greenpeace contra la prórroga concedida en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que supuestamente permitiría a la fábrica seguir funcionando hasta 2073. El caso está en manos de la Audiencia Nacional y, aunque esta vez sí parece que está al caer la sentencia (prevista para el primer trimestre del año pasado), ya se sabe de antemano que será un proceso de "largo recorrido". Las partes implicadas ya han avanzado que recurrirán cualquier veredicto en su contra, lo que hace prever que la sentencia definitiva puede tardar varios años (se habla de un mínimo de cinco).

Los abogados contratados por la plantilla "entienden que el fallo debía ser favorable", porque de lo contrario "sería un desamparo jurídico muy grande". Los demandantes sostienen una lectura radicalmente contraria y entienden que la normativa en vigor ya impide que la fábrica siga operativa. No obstante, aunque el desenlace sea favorable a la empresa, los empleados quieren romper la incertidumbre mucho antes, pues aseguran que la incerteza pesa e impide trazar planes. "Hay mucha gente joven que no sabe qué hacer". 

TOPE DE 75 AÑOS. El comité ha pedido una reunión a los ministerios de Industria y Transición Ecológica, además de insistir en ese llamamiento a formar una mesa de trabajo entre las administraciones implicadas en el futuro de la empresa. Si la propuesta no surte efecto, no descarta "emprender otro tipo de acciones": 

El comité de la fábrica, liderado por la CIG e integrado por representantes de este sindicato, CC OO, UGT y un independiente, ha sondeado los efectos del proyecto de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética y se ha topado con dos lecturas distintas. Sus abogados aseguran que esta norma, que contempla un tope de 75 años para todas las concesiones (como otras normas de Costas anteriores), no tiene carácter retroactivo, algo que también le ha comunicado el PSdeG y que defiende el Ministerio para la Transición Ecológica (tal y como avanzó este periódico el pasado 16 de enero).

En cambio, la Xunta y la empresa sostienen que la futura Ley sí puede aplicarse con carácter retroactivo, así como el comité de empresa de oficinas centrales y la sección sindical de CC OO, que iniciaron una estrategia propia basada en movilizaciones que se reanudaron hace unas semanas y que seguirán en las próximas fechas.

Tres posibles horizontes
La pregunta del millón sigue siendo la de hasta cuándo podrá funcionar Ence, pero lo cierto es que la duda aún admite múltiples respuestas. Las hipótesis que están ahora mismo sobre la mesa contemplan tres fechas límite posibles: 2026 o cuando termine el proceso judicial en marcha; 2033, que es cuando terminaría el tope de 75 años que se ha impuesto para todas las concesiones (incluidas ampliaciones), o 2073, que es cuando finalizaría la prórroga concedida en 2016 (solicitada en 2013 y con validez durante 60 años).

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