Hubo tensión por momentos. El debate sobre la ordenanza de movilidad amable, la moción del PP para la utilización del superávit de los ejercicios 2018 y 2019 y la iniciativa planteada por la formación conservadora para la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la plantilla del Concello caldearon el ambiente en el Teatro Principal.
La sesión comenzó con la toma de posesión de su escaño del concejal socialista Marcos Rey, que se hace cargo del área de Benestar Social que ocupaba Paloma Castro hasta que las últimas elecciones autonómicas la llevaron al Parlamento gallego. El aplauso fue unánime tras la promesa de defender la Constitución que efectuó el nuevo edil. "Benvido a esta nova responsabilidade e desexarlle que desenvolvas un traballo frutífero en beneficio das veciñas e veciños de Pontevedra", le deseó el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.
Además, al comienzo del Pleno se hizo efectivo el pase de Goyo Revenga a la condición de concejal no adscrito, tras haber sido expulsado de Ciudadanos y haber pasado un período de cinco meses suspendido de militancia.
El expediente que en su día la formación naranja le abrió a su edil vino motivado por el voto favorable de Revenga al presupuesto municipal del Gobierno local, aunque su apoyo no era necesario para la aprobación del mismo porque BNG y PSOE suman mayoría en el Pleno. Según la dirección del partido que ahora lidera Inés Arrimadas, con este apoyo, el concejal rompió la disciplina de voto de CS. El expediente tardó algo menos de seis meses en resolverse.
El Pleno celebrado este lunes por la Corporación municipal dio el visto bueno definitivo –con los votos en contra del PP y favorables del concejal no adscrito Goyo Revenga, BNG y PSOE– a la Ordenanza reguladora de la movilidad amable y de la utilización de los espacios públicos del concello. Se trata, según defendió el concejal nacionalista César Mosquera, de una normativa "magnífica" y "moi traballada" elaborada con "toda a seriedade e rigor do mundo. Nace moi viva", destacó el edil de Mobilidade.
No prosperó la petición que efectuó el concejal popular Pablo Fernández para la retirada del orden del día de la sesión de la propuesta de aprobación definitiva de la Ordenanza de movilidad. "Habría que reformularla ante la contestación en contra de trece colectivos", indicó, a la vez que calificó la normativa de "decepcionante", "discriminatoria" y "contaminante" porque "no contempla medidas para fomentar el uso de la bicicleta".
Por su parte, Mosquera replicó a Pablo Fernández recordando que le habían enviado el borrador de Ordenanza a 30 colectivos sociales, vecinales, de movilidad y federaciones de asociaciones de madres y padres para la aportación de propuestas. Además, abrió la puerta a la incorporación en un futuro de las modificaciones "que sexan necesarias".
La entrada en vigor de la norma supondrá, en la práctica, la derogación de la de 1989, que ha quedado obsoleta por la transformación urbana de la ciudad y las nuevas formas de desplazamiento.
El reglamento obligará a que todos los vehículos circulen por la calzada, incluidos patinetes eléctricos y bicicletas, que no podrán transitar pro las aceras y las otras áreas estrictamente peatonales. Por dónde sí podrán pasar es por el casco histórico o en zonas de coexistencia, como las plataformas únicas. En caso de hacerlo por estas últimas (Michelena, O Gorgullón o Lepanto, por ejemplo) deberá ser a una velocidad moderada y nunca superior a 6 kilómetros por hora.
SUPERÁVIT. Otro de los asuntos que provocó un rifirrafe verbal entre el PP y los grupos de Gobierno del BNG y PSOE fue la moción presentada por la formación conservadora en la que proponía "utilizar el superávit de los ejercicios 2018 y 2019 del Concello para apoyar a los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus -hostelería, comercio, turismo y autónomos- y reforzar los servicios sociales".
Con esta iniciativa, según indicó el portavoz del PP, Rafa Domínguez, "pretendemos traer alguna medida para hacer frente a la actual grave crisis social y económica, ya que en los últimos siete meses el Gobierno local no ha tomado ninguna medida para paliarla".
Goyo Revenga apoyó la propuesta del PP a la vez que acusó al Gobierno local de "ningunear" a la oposición en la gestión de la crisis actual ocasionada por el coronavirus. "Se ha tirado el dinero, pero ahora tenemos la oportunidad de corregir errores utilizando el superávit municipal", apostilló.
El portavoz del grupo municipal del PSOE, Agustín Fernández, tildó la propuesta del PP de "moción-ocurrencia" porque, argumentó, el superávit municipal no se puede destinar a gasto corriente ni subvenciones.
En este mismo sentido se pronunció la portavoz del BNG, Carme da Silva, al entender que la moción popular "non di nada". Además, puntualizó que "o único superávit liberado é o 20% do investimento social e o 7% correspondente á transición ecolóxica e mellora da eficiencia enerxética, mentres que o resto é para pagar a débeda dos bancos, polo que non hai forma de aprobar a moción. O que pide o PP é inexecutable porque é ilegal". En todo caso, la concejala nacionalista puntualizó que "estaremos atentos" en caso de que el Gobierno central apruebe algún decreto sobre el uso del superávit.
Otro de los momentos en los que se registró un encendido debate llegó de la mano de la propuesta del PP relativo al "archivo sine die" del estudio de valoración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y cuadro de personal del Concello. La concejala nacionalista Carmen Fouces, responsable del área de Persoal, señaló que en su día "algunha gamberrada" de fuerzas sindicales habían cometido "un erro inmenso" al "despistar al Gobierno local" en la negociación que planteaba "unha importante subida salarial" anual de 1,5 millones de euros para el conjunto de los funcionarios hasta 2023.
Recordó que en junio de 2020 había comenzado un nuevo proyecto de RPT "ata que chegou a pandemia" y obligó a paralizarla porque habían cambiado las reglas del juego y las prioridades. "Se (Alberto Núñez) Feijóo le esta moción córrevos a gorrazos".
Pepa Pardo (PP) rechazó el argumento de Fouces al entender que el rechazo de la moción se debe a "criterios políticos de menosprecio a los trabajadores".
La actuación se desarrollará en el ámbito de General Rubín, A Tablada, María Victoria Moreno y Rosalía de Castro.
Para llevar a cabo el convenio con el Invied, la Corporación municipal autorizó la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en los ámbitos de los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa situados en el número 7 de la avenida de Manuel del Palacio y en el número 41 de Rosalía de Castro.
En virtud de este acuerdo, la Administración municipal recibirá casi 10.000 metros cuadrados de espacios públicos y zonas verdes en Campolongo y casi 4.000 entre Manuel del Palacio y Rosalía de Castro, según recordó ayer el concejal del BNG Xaquín Moreda durante la sesión plenaria.
Por su parte, el Invied logra reordenar la edificabilidad de sus terrenos y podrá, por un lado, vender las actuales viviendas de militares a sus propietarios y, por otro, construir dos nuevos edificios que albergarán unas 220 nuevas viviendas. Aunque el PP votó a favor del acuerdo "por responsabilidad", criticó los "parches" que se van haciendo y reclamó un nuevo PXOM.
