Una vez más, el colapso que se produce en ciertos órganos de la Administración de Justicia juega a favor de los criminales. Eso es lo que se extrae de la sentencia que, por la vía de la conformidad, será dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra 13 individuos que confesaron que se dedicaban, en mayor o menor medida, al tráfico de sustancias estupefacientes (cocaína, heroína o hachís, según los casos) y que han aceptado penas que en ningún caso superan el año y medio de cárcel. La excepción la protagonizó el más ilustre de los investigados, el policía Lucas R.P., que, según dijo, "por consejo de mi abogado", decidió negar los hechos que se le atribuyen, que no son otros que un delito contra la salud pública y otro de revelación de secretos.
El policía, de quien se dice que se quedaba con las sustancias estupefacientes que requisaba a consumidores de la ciudad para venderlas o intercambiarlas en clubes de alterne, está acusado de traficar con cocaína en los citados locales, vendiéndosela tanto a los propietarios como a las empleadas. Además, el fiscal sostiene que intentó adquirir diez kilos de hachís en el Sur de España para intercambiarlos por cocaína y así surtir a sus numerosos clientes en la ciudad del Lérez y en sus alrededores.
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La policía supuestamente corrupto. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Junto a ello, los investigadores que le detuvieron le señalan como la persona que filtraba a los citados gerentes de los clubes las fechas en las que iban a ser objeto de inspecciones por parte de la Brigada Provincial de Extranjería, lo que evitaba que las mujeres que trabajaban sin contrato pudiesen ser descubiertas en plena faena.
JUZGADO EN SOLITARIO. En el caso de Lucas, que será juzgado en solitario en una fecha aún por determinar, el fiscal le ofreció una rebaja en la pena, que se fijaría en un año de cárcel. Sin embargo, ante la insistencia en negar lo ocurrido, la acusación mantendrá para él una petición de dos años y nueves meses de prisión. Solo se le atribuye el alijo de hachís, por el que, si resulta condenado, también deberá afrontar el pago de una multa de 21.000 euros. Nada de la cocaína, pese a lo relatado en el escrito de acusación, en el que se explica que "simultaneaba su actividad profesional como policía nacional con su dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala".
El agente negó los hechos por consejo de su letrado y perdió la oportunidad de librarse de forma definitiva de ingresar en prisión
Por el delito de revelación de información reservada, el policía, ahora jubilado, se expone a una posible pena de 14 meses de multa a razón de 12 euros diarios (algo más de 5.000 en total).
La vista oral que se desarrolló este martes en el Salón Noble de la Audiencia se retrasó más de una hora para cerrar los pactos. El fiscal, que llegó con una propuesta bajo el brazo, logró entenderse con todos los letrados de los investigados salvo con el de Lucas R.P.
La Policía Nacional de Pontevedra puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad ante la gran cantidad de acusados y por el hecho de que varios de ellos se encuentran cumpliendo prisión por delitos similares, por lo que comparecieron esposados tras ser trasladados desde el centro penitenciario de A Lama.
Fue interceptado cuando gestionaba la adquisición de diez kilos de hachís para supuestamente, cambiarlos por cocaína
Entre ellos destacó la presencia de los pontevedreses Benito L.P. y Ramiro C.M., alias Maradona. Este último, conocido por sus años de relación con la venta de droga a pequeña escala en la ciudad del Lérez, fue juzgado y condenado en abril del año pasado por narcotráfico.
La misma sala retomará este jueves el juicio contra la red de Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo.
Condenas de entre tres meses y un año y medio de cárcel por el retraso del juicio
La Fiscalía Provincial se vio obligada a ofrecer un pacto por la vía de la conformidad que incluye la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que benefició a todos los procesados que decidieron confesar los hechos (todos excepto el agente de Policía).
Así, las penas oscilaron entre el año y medio de cárcel que fue impuesto a José Antonio B.D., Ramiro C.M. o José Luis F.U. (los dos primeros por delitos contra la salud pública y el tercero por narcotráfico y tenencia ilícita de armas) y los tres meses de prisión que aceptaron Roberto L. G. y Ana Isabel A.V.
Respecto al resto de acusados, Mauricio M.O., José Manuel M.M. y Carlos J.A. se conformaron con penas de nueve meses de cárcel (la petición inicial de la Fiscalía era de tres años en cada caso); Baldomero F.C. recibió una condena de nueve meses, cuando se exponía a cuatro años y medio; Juan Carlos T.V. aceptó diez meses, de los cuales uno de ellos es por un delito de atentado a agente de la autoridad; Benito L.P, cuya participación en el delito de tráfico de drogas era la misma, según la Policía, que la del agente Lucas (el intento de compra de diez kilos de hachís), confesó los hechos y recibió una condena de un año de prisión; Santiago F.C. también aceptó nueve meses por sus fechorías, mientras que Shirley F.A.T. se conformó con cuatro meses y medio.
Ninguna de estas penas conllevaría, por sí sola, el ingreso en prisión.
