Lo que comenzó como una denuncia rutinaria por circular sin el seguro obligatorio dio paso a una meticulosa investigación de la Policía Local de Pontevedra que ha acabado, siete años después, con la condena de dos empleados de una correduría de Ferrol que se apoderaron, como mínimo, de 42.500 euros correspondientes a numerosas pólizas no tramitadas.
El caso se remonta a enero de 2012 cuando una patrulla le da el alto a un vehículo y comprueba, tras consultar con la base de datos de la DGT, que carecía de seguro. El conductor se mostró muy contrariado por esa notificación pues insistía en que sí disponía de la preceptiva cobertura, e incluso mostró a los agentes el resguardo de un recibo, emitido a nombre de una correduría de seguros de Ferrol.
Las posteriores pesquisas permitieron verificar que el importe del recibo sí salió de la cuenta del conductor, pero nunca llegó a la compañía aseguradora, motivo por lo que esta anuló la póliza.
Tras solicitar diversos informes, los investigadores municipales comprobaron que otros familiares del conductor denunciado se encontraban en la misma situación. Y no solo ellos, sino numerosos conductores que también creían tener seguro en vigor después de habérselo pagado a los mediadores.
Las diligencias llegaron al Juzgado y la Fiscalía acusó a los dos socios de la correduría de haberse apropiado, durante 12 años, del dinero que les entregaban sus clientes —como mínimo, 42.537 euros- para remitirlo a las compañías de seguro, lo que nunca hacían, por lo que la póliza se anulaba a los pocos días sin que el afectado fuera consciente.
