A POCOS días de cumplirse 41 años de aquel nefasto ‘23 F’, día negro en nuestra reciente historia, en el que unos "iluminados" trataron de cambiar el rumbo de la reciente recuperada democracia con el fin de adaptarla a los intereses de su privilegiada clase, creo necesario hacer estas consideraciones.
Tal como lo veo, la situación política en los tiempos actuales, no deja de sorprenderme y también preocuparme. Aquel contrato social implícito que los españoles entendimos, mayoritariamente, sobre la libertad e igualdad de los hombres una vez acaecida la muerte del dictador, nos llevó a aprobar la Constitución de 1978 (la única votada por el pueblo en referéndum nacional), la que en su preámbulo instaura los valores de convivencia democrática: la libertad, el trabajo, el imperio de la ley, el proteger a todos los pueblos de España en sus culturas, lenguas y tradiciones, las relaciones pacíficas, etc., con el fin de proteger el ejercicio de los derechos humanos, parece esfumarse. Si reflexionamos sobre el comportamiento de los partidos políticos , a los que el Artº 6 de nuestra Constitución le encomienda expresar el pluralismo político como instrumentos fundamentales de la participación política democrática y observando su comportamiento tanto en las Cortes como en los medios informativos, les aleja de ese principio. Ello nos hace que nos planteemos muchas preguntas. ¿Son democráticos y representan realmente a todos los ciudadanos y no solamente a sus intereses partidarios.
¿A qué se debe la aparición de opciones electorales, al margen de los partidos, con la pretensión de representar a la "España vaciada" o el "Teruel existe"?
¿Cómo podemos escuchar en el Congreso de los Diputados la acusación de "gobierno ilegítimo" a un gobierno formado conforme a las leyes? ¿Es que no está elegido en el Parlamento por partidos plenamente legales?
¿Cómo algún mandatario del gobierno de una comunidad autónoma puede decirse presidente de la comunidad, cuando no es mas que presidente del gobierno de esa autonomía? No es lo mismo ser Presidente del gobierno de la Xunta que Presidente de Galicia. No es lo mismo ser presidente del gobierno de España que presidente/jefe del estado español. No era así en el Estatuto del 36 en el que el presidente, elegido en votación directa, era el Presidente de la Región además de serlo de los miembros del gobierno (Xunta)? ¿Quién entiende hoy al Senado como una cámara de representación territorial tal como reza la Constitución en su Artº 69?
"La democracia es la única salida, el único camino (...) el mejorarla depende de nosotros mismos"
¿Quién se siente hoy representado por sus diputados o senadores en sus respectivas cámaras cuando éstos no responden mas que a sus intereses partidarios? ¿Se puede poner en duda que la mayor parte de los esfuerzos de los partidos van dirigidos a la permanencia en el poder o a derribar al contrario lo antes posible?
¿Qué está pasando con la renovación de los órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (años con el mandato caducado), y los partidos mayoritarios que conformaron el bipartidismo (PSOE y PP) sin lograr alcanzar un acuerdo obligatorio?
¿En el Congreso de los Diputados, dónde debieran discutirse los asuntos mas próximos y que afectan a los ciudadanos, alguien ha oído o visto a alguno de nuestros diputados hablar en nombre de su provincia? ¿Alguien sido llamado a reunión alguna por un diputado o senador para tratar los asuntos que les afectan en su circunscripción? ¿Dónde está la relación directa entre el ciudadano y sus representantes? Es mas y mas grave: ¿quién conoce a todos los diputados y senadores de su provincia?
¿Dónde está la esencia de la democracia consistente en la relación permanente entre elector y elegido? Muchos dicen y no sin razón "solamente se acuerdan de nosotros durante la campaña electoral".
Finalmente, aún cuando queda mucho que preguntarse, no debo obviar en este contexto el afirmar que la democracia es el único camino, es la única salida, no podemos de ningún modo renunciar a ella, el mejorarla depende de nosotros mismos.
Y concluyo para reivindicar el principio de Montesquieu sobre la separación de poderes, principio político en el que el legislativo, el ejecutivo y el judicial del estado son ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre si, porque es la cualidad fundamental que caracteriza a una democracia.
