Ponte Sampaio acaba de perder la batalla judicial contra la futura planta de compostaje de A Canicouva. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Pontevedra, emitida el pasado 17 de octubre, avala la tramitación del proyecto seguida por el Concello a para alquilar a la Comunidade de Montes de A Canicouva los terrenos sobre los que se levantará este centro de tratamiento de residuos orgánicos. Es decir, que da por válidos los pliegos aprobados por el Gobierno local en octubre del año pasado para dar encaje legal al arrendamiento de la parcela que los comuneros ofrecieron en la zona de O Loureiro para poder construir este complejo.
Los vecinos de Ponte Sampaio, que se constituyeron en la asociación Plataforma en defensa del medio ambiente y contra la instalación de una planta de tratamiento de residuos en A Canicouva, sostenían que las diez hectáreas de suelo forestal cedidas al Ayuntamiento invadían su territorio y que la futura planta tendría un impacto ambiental en el bosque, su fauna e incluso en los bancos marisqueros de Arcade.
A Canicouva cobrará este mes los primeros 20.000 euros del monte que alquiló al Concello para la construcción del complejo
Los demandantes no solo cuestionaron la ubicación de la planta, sino también el proceso que derivó en el alquiler de diez hectáreas de monte comunal en A Canicouva por parte del Gobierno local. Entendían que la contratación se había hecho "a medida" y, por lo tanto, de forma "arbitraria" y que no se había estudiado el alcance de este proyecto. "Si bien es cierto que resulta lógico que con anterioridad al proceso (de alquiler de los terenos) se garantice la viabilidad de la planta, también lo es que constaba ya un protocolo en el que se analizaban las cuestiones relativas a la conveniencia y necesidad de la misma, así como la memoria justificativa del contrato", expone la resolución judicial, que concluye que "no puede hablarse de la existencia de un defecto invalidante del procedimiento".
El fallo del tribunal da, sin embargo, un tirón de orejas al Concello. Le reprueba que no hubiese admitido un recurso de reposición que la plataforma presentó en su día contra los pliegos que precedieron al contrato de alquiler de los terrenos de la planta de A Canicouva. El Ayuntamiento defendió esta postura porque los vecinos de Ponte Sampaio no habían acreditado "su capacidad jurídica para obrar" en contra de este procedimiento. En definitiva, que el juez cuestionó las formas, pero no el fondo del procedimiento administrativo.
La sentencia, que es firme, desbloquea la planta de compostaje y el pago de los primeros 20.000 euros que los comuneros de A Canicouva recibirán del Concello en concepto de alquiler por el uso de sus terrenos.
