La droga partió de más allá de la Amazonia. La organización exportadora, probablemente colombiana, contrató a dos ecuatorianos y a un vigués para la singladura marítima. El gallego sería el piloto, los sudamericanos se encargarían de la máquina. El batiscafo se ensambló en Brasil. Los astilleros clandestinos proliferan en los manglares del río más caudaloso del planeta. En ellos, las mafias de un país que se ha convertido en la principal lanzadera de cocaína hacia Europa (por encima de Colombia) se hacen cada vez más fuertes. El cártel había cerrado un acuerdo con una gran organización criminal con base en O Salnés, que invirtió en la mercancía. Parte de los 3.000 kilos de cocaína que serían incautados en la playa canguesa de O Foxo habían sido financiados desde Pontevedra.
No todo este relato quedará acreditado tras el juicio, pero quienes investigaban a los grupos criminales que entretejían tal narcotransporte desde un año antes de la interceptación del narcosubmarino lo tienen muy claro. Estas y otras cuestiones estarán sobre el estrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra en pocos meses, probablemente a comienzos del otoño.
La Fiscalía Antidroga y el Poder Judicial esperan sacar adelante el plenario en 2021. En el banquillo se sentarán siete personas. Los tres citados tripulantes del narcosubmarino interceptado en la madrugada del 24 de noviembre de 2019 en la ría que une la de Pontevedra y la de Vigo y cuatro personas más que, según la acusación, hicieron un último intento por ayudar a escapar al patrón del semisumergible y, si sonaba la flauta, apropiarse de un alijo que se había quedado sin dueño.
El grupo gallego (fuentes bien informadas apuntan, sin poder acreditarlo, a Juan Carlos Santórum) se había desmarcado de la operación días antes. Un chivatazo les alertó de que el narcosubmarino estaba marcado y que la DEA, la Policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera tenían conocimiento de su acercamiento a las costas gallegas. La National Crime Agency (NCA) de Reino Unido fue la primera en detectar una presencia sospechosa en aguas internacionales y esa información fluyó hacia España por el conducto del MAOC-N de Lisboa (el centro de coordinación europeo de operaciones de narcotráfico en el Atlántico). En el proceso, una filtración (o varias) llevó al clan que debía sacar sus planeadoras para recibir la mercancía a darla por perdida, dejando tirados a los tripulantes que habían completado el viaje transoceánico. El resultado final es bien conocido: una madrugada frenética con agentes por todos los rincones de la ría y seguimientos por mar y por aire, y el semisumergible decomisado por el Equipo Contra el Crimen Organizado de Galicia (Eco Galicia) de la Unidad Central Operativa.
Aún en la playa, en uno de los casos, y en la carretera, en otro, fueron detenidos los dos ecuatorianos. El vigués, buen conocedor del terreno, se refugió en una casa abandonada de las cercanías, donde permaneció durante unos días hasta que fue descubierto por el Greco Galicia de la Policía. Su idea de llevar el narcosubmarino hasta Punta Couso incluía un plan de rescate, pero las personas que iban a socorrerle fueron detectadas. De hecho, sirvieron de guía a la Guardia Civil, pues estaban en las cercanías de la playa dando luces hacia el mar, señalándole el camino al batiscafo. En este grupo de rescatadores se incluyen cuatro individuos de la provincia de Pontevedra que, por lo visto tras el acceso a sus conversaciones de las horas previas, realizaron alguna gestión para intentar recuperar la droga. No tenían la infraestructura ni la experiencia para ello, por lo que fueron descubiertos y encausados.
La vista oral por el caso del narcosubmarino será el segundo gran proceso por narcotráfico internacional que acoja la Audiencia este año. El primero, iniciado hace algunas semanas, volverá en pleno mes de julio, por el alijo del Titan III atribuido a la red de Sergio de Carvalho, el mayor narco que opera en Europa en la actualidad y que se halla fugado.
Todos ellos son sospechosos de cometer un delito contra la salud pública agravado por la cantidad de notoria importancia, el uso de buque y la pertenencia a un grupo criminal con la consideración de partícipes.
La investigación no pudo determinar la identidad de las personas que habían organizado el narcotransporte, por lo que no puede atribuir a nadie la jefatura.
En cuanto a los cuatro procesados que realizaron gestiones para rescatar a los tripulantes e intentaron, sin contar con los medios para ello, recuperar la droga, se abre un mayor abanico de opciones para la calificación jurídica que planteará el fiscal.
