La oficina puesta en marcha este verano por el Concello para asesorar a los afectados por el "catastrazo" ha atendido ya a 289 vecinos. El servicio, situado en un seminario del Pazo da Cultura, está operativo todos los lunes, martes y viernes desde el pasado 17 de julio. En las 22 jornadas en las que estuvo abierto, sus responsables atendieron una media diaria de 13 personas. La mayor parte de ellas acuden con varias notificaciones, por lo que el trabajo se multiplica.
La avalancha de solicitudes ha llevado al Gobierno local a ampliar el período de atención a los contribuyentes hasta el próximo 31 de octubre. Hasta el pasado día 4 de septiembre, la empresa Laya, que es la que se encarga de prestar esta asistencia, ha ayudado a presentar ante la Dirección General del Catastro 82 alegaciones de vecinos que no están de acuerdo con el resultado de las inspecciones de este organismo estatal.
Los interesados en recibir este asesoramiento deberán acudir al Pazo da Cultura con cita previa. Podrán solicitarla a través de dos vías: por correo electrónico ([email protected]) o bien llamando al teléfono 986 23 73 57.
La empresa Laya es la encargada de gestionar este servicio, que el Concello contrató este año ante la avalancha de cartas que el Catastro empezó a repartir entre los vecinos afectados por la regularización catastral al inicio del verano. Fuentes municipales aseguran que aún no se han enviado todas las misivas, por lo que se ha decidido ampliar los días de atención de esta oficina, abierta desde las 8.30 hasta las 14.00 horas.
60 EUROS. En estas comunicaciones, el Catastro indica a los vecinos que tienen que pagar una tasa de regularización catastral, esto es, una multa. ¿Por qué? Por tener una piscina, un galpón o un gallinero y no pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por él.
La cuantía de esta infracción es de 60 euros por cada uno de los inmuebles detectados. De esta manera, puede darse el caso de que un vecino tenga que asumir 120 euros (si tiene dos construcciones afectadas) o 180 euros (si tiene tres). Y así sucesivamente.
Puede darse la circunstancia de que las inspecciones encargadas por este organismo estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda, den de alta alguna ampliación de vivienda. Eso también conllevará el pago de una sanción.
Una vez recibida la carta, los vecinos tienen 15 días de plazo para presentar sus alegaciones.
