Pontevedra tiene previsto cobrar a las eléctricas por sus tendidos en 2018

Las empresas de distribución de energía pagarán impuestos en Pontevedra. El Gobierno local creará una ordenanza fiscal para gravar a las compañías de electricidad, gas e hidrocarburos por el uso del dominio público local, esto es, todas las que dispongan de instalaciones como torretas, tendidos, gaseoductos u oleoductos en el suelo municipal. El portavoz del Concello y concejal de Economía e Facenda, Raimundo González Carballo, avanzó este lunes que el objetivo es que la nueva tasa empiece a cobrarse a partir del año que viene. A lo largo del presente ejercicio se encargará el estudio para determinar cuánto se cobra a las firmas y qué criterios se usarán para determinar la base imponible.

El canon tendrá en cuenta aspectos como el valor catastral del terreno que ocupan, los metros cuadrados de la instalación o su potencia energética. Para dar forma al futuro reglamento se contratarán los servicios de una asistencia técnica, que también deberán determinar el número de construcciones de este tipo que existen actualmente en Pontevedra. "Aí estarán recollidas as liñas de alta e media tensión ou o gasoduto que vai pola zona da Fracha", enumeró González Carballo. A pesar de que a la ordenanza todavía le falta todo el recorrido técnico y administrativo, el Gobierno local ya ha hecho cálculos aproximados de lo que podría ingresar a través de la nueva tasa. El edil de Economía e Facenda cree que las arcas locales se embolsarían unos 150.000 euros al año gracias al nuevo tributo.

Entre las empresas que se verían afectadas por el impuesto figuran Gas Natural, Red Eléctrica de España y Unión Fenosa Distribuciones.

JUDICIAL. La decisión del Ejecutivo nacionalista de aumentar su relación de ordenanzas fiscales se produce después de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala la tasa que en 2014 ya cobraban ayuntamientos como el de Arteixo, que llegó a los tribunales para defender su legalidad.

La resolución del Alto tribunal, contra la que pleitearon las afectadas, sienta jurisprudencia y es exportable a todos los municipios del país.

TELEFONÍA MÓVIL. En paralelo a esta medida, el Concello tiene encima de la mesa otra petición impulsada por el PSOE para cobrar impuestos a las empresas de telefonía móvil por la ocupación de vía pública.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de todos los partidos de la Corporación municipal, podría suponer un retorno económico para las arcas locales de hasta 300.000 euros al año, según cálculos realizados en su día por los socialistas.

Para sacar adelante este gravamen, el Gobierno local se comprometió a contratar una asesoría externa que deberá realizar un censo de las instalaciones existentes en la capital, que afronta 2017 con todas sus tasas e impuestos -27 en total- congelados.

Una empresa externa será la encargada de cuantificar las construcciones de transporte de energía que ocupan el dominio público Una reciente sentencia del Supremo avala los tributos que el Concello de Arteixo ya cobraba a estas compañías en 2014