El Concello ha convocado a las denominadas fuerzas vivas de la ciudad para redactar las nuevas normas de tráfico que afectan a la movilidad en el municipio. Y lo ha hecho por medio de dos vías: a través del buzón activado en la página web municipal y con comunicaciones expresas que llegarán a distintos colectivos y agentes sociales de Pontevedra. Entre ellos a empresarios de distintos sectores, como taxistas, transportistas u hosteleros; las tres federaciones vecinales; la Fanpa; sindicatos; consumidores; partidos políticos y entidades como Amencer, Amizade, Juan XXIII, Xuntos, Cogami, Pedaladas, Farto o Motobike.
El objetivo del Gobierno local es empezar a dar forma a la nueva ordenanza de movilidad para regular la velocidad y el uso de bicicletas, patinetes (con o sin motor) y otros vehículos en los espacios públicos; fijar por escrito las nuevas pautas para la instalación de lombos, que seguirían el criterio utilizado actualmente por los técnicos, y establecer posibles cambios en las zonas de servicios, que ahora mismo tienen un límite de 15 minutos para aparcar.
El concejal de Mobilidade, Demetrio Gómez Junquera, explicó este martes que las entidades interesadas en sumarse al proceso de participación dispondrán de un plazo inicial de diez días para presentar sus propuestas. No se descarta que el período se amplíe para que ningún colectivo se quede atrás y aporte sus ideas al estudio.
La futura ordenanza será "flexible" y su objetivo será prevenir los accidentes de tráfico, considerados "unha praga" por el Gobierno local
Uno de los aspectos más polémicos de la futura norma afecta a las bicicletas. La intención del Gobierno local es que estas circulen por la calzada en las zonas de la ciudad en las que sea posible, evitando así las aceras. En las áreas peatonales, el objetivo es que la velocidad de tránsito de los ciclistas no suponga un peligro para los viandantes, de ahí que la propuesta inicial es limitar la velocidad de paso a cinco kilómetros por hora.
El Gobierno local reconoce, a través de su consulta pública, que la actual normativa en vigor, de 1989, está "obsoleta" y tiene "pouca utilidade práctica". Sobre todo porque el modelo urbano y la forma de desplazarse ha cambiado de forma radical desde la década de los 90.
Los nacionalistas aseguran que la ordenanza será "flexible". "Procederase a regular o mínimo necesario para potenciar a mobilidade sustentable e amable, mais sen caer nun exceso de rixidez que a puidese converter, no futuro, nun atranco para novos avances", explica Gómez Junquera en el texto colgado en la web municipal.
Uno de los problemas que se tratará de solventar con la ordenanza son los accidentes de tráfico y sus consecuencias. El Concello define estos siniestros como "unha praga que ten que ser minorada e, no posible, erradicada, sen escatimar recursos para este fin".
