Pontevedra envía cada vez menos basura a incinerar a la planta de Sogama

La ciudad de Pontevedra envía cada vez menos basura a incinerar a Sogama. La planta de Cerceda recibió 27.904 toneladas de residuos procedentes de la denominada "bolsa negra" en 2021, lo que supone una reducción de 378,26 toneladas con respecto al ejercicio anterior. Los datos, facilitados por la empresa pública de la Xunta a este periódico, confirman que la capital provincial ha logrado reducir las remesas de desechos que llegan al complejo industrial coruñés por tercer año consecutivo.

El aumento del reciclaje por parte de la ciudadanía está detrás de estas cifras, que irán disminuyendo durante los próximos años gracias a la implantación del compostaje. El nuevo sistema se incluirá en el nuevo contrato de la basura, que se pondrá en marcha este mismo año. La tramitación del mismo está a la espera de los últimos informes técnicos para su lanzamiento. El Concello confía en que marzo pueda ser el mes en el que salga a licitación la concesión.

El futuro servicio hará obligatorio el reciclaje de los denominados biorresiduos, esto es, los restos de comida. El modelo dejará de ser experimental y se extenderá a todo el municipio a través del Plan Composta, que se divide en tres partes: el autocompostaje doméstico y el comunitario y el asociado al contenedor marrón.

La implicación vecinal será fundamental para que el sistema funcione y cumplir así con las exigencias de la Unión Europea en materia de residuos. El objetivo de Bruselas es que el nivel del reciclaje de los residuos municipales alcance el 55% en 2025 y el 60% en 2030.

Pontevedra espera superar estos índices a través del nuevo contrato de basura. Para ello deberá encajar el nuevo sistema tanto en las parroquias como en el casco urbano. La alternativa pensada para el rural se basa en el reparto de composteros individuales entre las viviendas con huerto o un pequeño terreno para colocar este aparato. De las 6.500 casas contabilizadas en las aldeas, en 4.000 se utiliza ya este método para convertir los restos de comida en abono natural.

El autocompostaje comunitario será el segundo eje del programa municipal. Su desarrollo está pensado para los barrios. Allí se colocarán hasta un centenar de composteros, de mayor tamaño, para que los vecinos puedan depositar allí su basura orgánica. Estas islas serán atendidas por profesionales para que el proceso de tratamiento de los residuos sea óptimo. En la actualidad, en Pontevedra funcionan 28 instalaciones de este tipo y se prevé que a finales de marzo la cifra llegue a 35 con la entrada en funcionamiento de siete composteros más en distintas zonas de la ciudad.

La tercera pata del plan tiene al contenedor marrón como protagonista. La recogida selectiva de materia orgánica se realizará a través de este sistema, que se puso en marcha en marzo del año pasado de forma experimental en el casco histórico. Ahora funciona ya en 70 calles y el objetivo es ampliar el proyecto a toda la zona vieja, el centro y el ensanche de Pontevedra. En este caso, tanto los vecinos como los comerciantes -que no sean grandes productores de restos de comida, ya que estos últimos deben tener contratados su propio sistema de recogida y tratamiento en centros especializados- emplearán el contenedor marrón casi igual que se hacía hasta ahora con el verde, dedicado a la basura doméstica. La principal diferencia es que cada usuario dispondrá de una tarjeta individual para poder abrir los recipientes y dejar allí sus desechos.

En la actualidad, Pontevedra cuenta con más de 90 contenedores marrones que la empresa Ferrovial (la antigua Cespa), adjudicataria del servicio, se encarga de recoger. Los biorresiduos se trasladan a la planta de compostaje de Leiro, en Ourense. Allí, en las instalaciones de la empresa Compost Galicia se tratan y se convierten en abono natural. Una parte de él se utiliza como fertilizante en los viñedos de la comarca de O Ribeiro.

Nuevo contrato. El nuevo contrato de la basura que Pontevedra sacará a licitación prevé que toda la materia orgánica se vaya a la futura planta de A Canicouva, que ocuparía una zona de monte en Loureiro cedida por los comuneros a través de un contrato de alquiler por el que el Concello paga 20.000 euros al año.

La construcción del complejo se ha presupuestado en 10,3 millones de euros, pero no se descarta que esta opción pueda desestimarse en caso de que la futura adjudicataria del servicio demuestre que es inviable. Sea como fuere, la empresa que asuma la gestión de los residuos en la capital provincial tiene que garantizar el reciclaje de los mismos a través de medios propios o de otros complejos industriales de tratamiento.