La economía sumergida sigue presente en el mercado laboral pontevedrés. El último informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, publicado recientemente y que se corresponde con el ejercicio de 2020, confirma que Pontevedra es la provincia con más trabajo en negro de Galicia. Se detectaron 471 infracciones frente a las 435 de A Coruña, las 367 de Lugo y las 64 de Ourense.
La actividad del organismo estatal derivó en multas por más de dos millones de euros en Pontevedra. En concreto se tramitaron expedientes sancionadores valorados en 2.033.754,41 euros, la cuantía más baja desde 2009 y lejos del registro histórico de 2005, cuando se superaron los 4,5 millones de euros.
La pandemia del coronavirus menguó las inspecciones de la Autoridad laboral en las Rías Baixas. Durante el primer año de la crisis sanitaria se llevaron a cabo 10.899. En 2019 fueron 14.144.
La principal causa de fraude sigue siendo la de los trabajadores que no cotizan o no están inscritos en la Seguridad Social. La Inspección descubrió 305 casos de este tipo. El no estar de alta motivó sanciones por 1.065.737,40 euros, la segunda cifra más alta a nivel autonómico después de Lugo, que superó los 1,13 millones de euros.
El cobro irregular de prestaciones también fue objeto de control durante el año 2020. En este caso, se detectaron 117 infracciones por parte de trabajadores y empresas de Pontevedra con sanciones que sumaron 487.437,80 euros. En paralelo, los servicios técnicos tramitaron 55 bajas de pontevedreses que estaban recibiendo una ayuda por desempleo sin cumplir con los requisitos exigidos.
Ramón Vidal Trillo, secretario comarcal de UGT: "Precisamos unha Inspección de Traballo con máis medios para perseguir o fraude laboral"
La inspección laboral en materia de extranjería se cerró con 49 expedientes a nivel provincial. Son más que los 36 contabilizados en A Coruña, los 15 de Lugo y los ocho de Ourense. Las irregularidades en los permisos de trabajo en Pontevedra supusieron multas por valor de 480.579,21 euros.
Trampas. Las trampas en la contratación es uno de los objetivos de la Autoridad laboral. En 2020 se revisaron 5.351 contratos en la provincia de Pontevedra y se detectaron 69 infractores.
En el primer año de la pandemia de covid se transformaron en fijos 2.027 contratos temporales fraudulentos: 1.133 beneficiaron a hombres y 894 a mujeres. Pontevedra fue la novena provincia de España con más casos de contratos eventuales convertidos en indefinidos, superada solo por Almería, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Barcelona, Badajoz, Alicante y Valencia. También alcanzó la cifra más alta de Galicia, en la que se contabilizaron 4.417 regularizaciones: 1.701 en A Coruña, 392 en Ourense y 297 en Lugo.
La Inspección también puso la lupa en los empleos a tiempo parcial, que cuentan con una remuneración menor y que muchos de ellos están considerados como "minijobs". En la provincia de Pontevedra se destaparon 264 contratos en los que los trabajadores hacían más horas de las reconocidas a nivel legal. De ellos, 158 afectaron a mujeres y 106 a hombres. La intervención de la Autoridad laboral permitió regularizar su situación para que su salario se ajustase a la jornada real.
"As administracións deben penalizar aquelas empresas que non crumpran cos seus traballadores"
Plantilla. "Precisamos unha Inspección de Traballo con máis medios para perseguir fraude laboral", reclama el secretario comarcal de UGT, Ramón Vidal Trillo, que considera insuficientes los recursos de los que dispone la delegación provincial, que en 2020 tenía una plantilla formada por 49 personas, las mismas que el año anterior. De ellas, 16 son inspectores y 26 subinspectores. También hay cuatro jefes de equipo y otros tres de otras unidades.
A Coruña es la oficina de Galicia con más personal y la única con director territorial. Tiene 50 trabajadores, uno más que Pontevedra, pero dispone de menos inspectores.
Vidal Trillo insta además a las instituciones públicas a extremar los mecanismos de control para que las contratas respeten los derechos de sus trabajadores. "En caso contrario, as administracións deben penalizar aquelas empresas que non cumpran cos seus traballadores", reivindica el sindicalista, que advierte de que no se puede permitir que una concesionaria vulnere la normativa legal y siga trabajando para un concello.
21 fallecidos
Del total de accidentes revisados por la Autoridad laboral en las Rías Baixas, 112 fueron graves, 66 leves y siete muy graves. También se investigaron 21 siniestros mortales, la mayor cifra en toda la comunidad, en la que se indagaron las causas de siniestros en los que perdieron la vida 43 personas. 281.656 euros La Inspección detectó 69 infracciones en accidentes de trabajo en Pontevedra. Se sancionaron con
281.656 euros.
366 infracciones
La delegación provincial tramitó 366 infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. También hizo 2.455 requerimientos y paralizó una actividad por no cumplir las normas de seguridad.
