El Ayuntamiento de Pontevedra ha exigido este lunes a la Xunta de Galicia y al Ministerio para la Transición Ecológica que actúen "de oficio" contra la empresa Ence después de que ésta haya reconocido una posible situación de inseguridad en su fábrica.
En un vídeo difundido el pasado viernes, el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, alertaba de la posibilidad de que "en cualquier momento" haya un "susto mayúsculo medioambiental" en la fábrica de Pontevedra ante la falta de inversiones.
Estas inversiones están paralizadas por la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentra la fábrica, pendiente de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la legalidad de su prórroga hasta 2073 y de la nueva ley de cambio climático, que impediría su continuidad más allá de 2033.
Tras difundirse esta grabación, desde la compañía aseguraron que esas declaraciones formaban parte de una comunicación interna a los trabajadores que habían sido recogidas "ilegalmente" y que habían sido "descontextualizadas".
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La empresa reiteraba en su comunicado que su complejo industrial de Pontevedra es "totalmente seguro", como acreditan las "inspecciones periódicas" realizadas en sus instalaciones con resultados "satisfactorios".
Pero este desmentido no ha frenado el torrente de reacciones que, desde organizaciones políticas y ecologistas, se han sucedido en las últimas horas.
Para el gobierno municipal de Pontevedra estas declaraciones "son escandalosas", según su portavoz, Anabel Gulías, cuando proceden del máximo responsable de la compañía "que es el que dice que hay un riesgo para la seguridad de los pontevedreses".
Ante esta situación, el Ayuntamiento enviará un requerimiento a la empresa para que aclare la situación de "inseguridad" que su presidente relata en el vídeo y que, según sus palabras, estaría relacionado con el mantenimiento de una de sus calderas de recuperación.
El presidente local del Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez, ha reconocido también su "preocupación" por las declaraciones de Ignacio de Colmenares
Gulías ha lamentado que para esta empresa "todo vale" para saltarse la legalidad vigente y ha denunciado que este vídeo "es un paso más" dentro de su campaña de "acoso, chantaje, coacciones y amenazas" a la que, según ha dicho, "ya nos tienen acostumbrados".
"Que dejen de jugar y de lanzar ultimatos", ha apuntado la portavoz del ejecutivo pontevedrés, que ha reclamado que "hagan efectivo" su traslado y "sin pedir trato de favor".
El presidente local del Partido Popular en Pontevedra, Rafa Domínguez, ha reconocido también su "preocupación" por las declaraciones de Ignacio de Colmenares, ya que ha asegurado que "como pontevedrés me preocupa que diga que puede haber un problema medioambiental".
Domínguez ha señalado que "más preocupación me deja" el posible cierre de la fábrica que, ha añadido, afectaría a unas 500 familias de la comarca de Pontevedra y supondría un "golpe terrible" para la economía del municipio.
Desde la Asociación para la Defensa de la Ría de Pontevedra (APDR), uno de los colectivos ecologistas que ha llevado a Ence a los tribunales, han instado a las administraciones a decretar el cierre cautelar de la actividad industrial de la pastera en Pontevedra.
Además, entienden que la "gravedad" de la situación "no puede pasar desapercibida" para la Fiscalía, a la que reclaman que actúe de oficio ante un posible delito medioambiental.
