La economía sumergida sigue muy presente en el tejido laboral pontevedrés. El último informe que acaba de publicar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se corresponde con el ejercicio de 2019, revela que la provincia de Pontevedra lidera el ranking de empleo en negro de Galicia. El organismo estatal hizo aflorar 2.931.022,59 euros procedentes de actividades económicas no declaradas, lo que supone un 3,29% más que en 2018. La cifra supera a los 2.908.604,42 euros registrados en el mismo año en A Coruña, los 1.266.027,86 euros de Lugo y los 511.382,40 euros de Ourense.
El fraude para no pagar impuestos llevó a la Autoridad laboral a realizar 14.144 inspecciones en las Rías Baixas, lo que equivale casi a la mitad de las 30.882 llevadas a cabo en el resto de la comunidad. Estos controles derivaron en un total de 631 infracciones, de las cuales 405 fueron por empleos sin el obligatorio seguro, 136 relacionadas con irregularidades en las prestaciones de la Seguridad Social y las 90 restantes por contratos a personas extranjeras.
Otra de las líneas de control fue el uso fraudulento de la contratación. En las 901 actuaciones llevadas a cabo se revisaron 6.937 contratos de este tipo. Finalmente, los inspectores redactaron 39 expedientes sancionadores por valor de 38.432 euros.
En paralelo, el organismo estatal detectó irregularidades en 3.336 empleos de carácter temporal, la segunda cifra más alta desde que hay datos. Todos estos contratos, de los cuales 1.854 afectaban mujeres y 1.482 a hombres, se transformaron en indefinidos.
El máximo histórico de trabajo eventuales convertidos en fijos se produjo en el ejercicio anterior, en 2018, cuando se destaparon 4.252 empleos que no cumplían con la Ley.
El organismo estatal convirtió 3.336 contratos eventuales en indefinidos, la segunda cifra más alta desde que hay datos
"A PUNTA DO ICEBERG". A pesar de que la delegación provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con más plantilla, al pasar de 43 a 49 efectivos en un año, los sindicatos echan en falta más medios. "As intervencións non son suficientes. Hai máis do que vemos e do que reflexan os datos. Iso é obvio. Sabémolo nós e sábeo a Inspección", explica el secretario comarcal de UGT, Ramón Vidal Trillo, que considera que las cifras oficiales de la economía sumergida son solo "a punta do iceberg".
El sindicalista asegura que el empleo en negro está "máis cronificado" en pequeñas empresas, muchas de ellas de ámbito familiar. "E sobre todo no sector terciario", indica.
Vidal Trillo reconoce que hay profesiones en las que es más común encontrarse con empleos que no cotizan. "Nas empregadas do fogar hai un submundo. Moitas delas non están aseguradas. Tamén hai casos nos que, aínda estándoo, non cotizan por todas as horas que traballan. Iso é así. E hai que revertilo", apunta el líder de UGT, que afirma que la economía irregular en la construcción "é máis pequena do que era".
En su informe de 2019, la Inspección de Trabajo realizó 57 controles en empresas vinculadas al ladrillo, concretamente a subcontratas. De todas ellas solo se firmó una infracción, que conllevó el pago de una multa de 6.251 euros.
UGT advierte de que "as intervencións non son suficientes"
'MINIJOBS'. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social también puso la lupa en los empleos a tiempo parcial, que cuentan con una remuneración menor y que muchos de ellos son considerados minijobs.
En la provincia de Pontevedra se destaparon 892 contratos en los que los trabajadores hacían más horas de las que le correspondían. El 68% de ellos, 606 en total, afectaban a mujeres. Los 286 restantes, que representan al 32%, a hombres.
EXTRANJEROS. Las intervenciones en materia de extranjería en las Rías Baixas ascendieron a 920, que derivaron en la apertura de 90 expedientes infractores, la cifra más alta de las provincias gallegas. En A Coruña se redactaron 79 partes, frente a los 17 de Ourense y los 14 de Lugo.
Las irregularidades en los permisos de trabajo conllevaron multas de 878.897,01 euros en Pontevedra en 2019.
Aunque el último informe de la Inspección de Trabajo no se corresponde con el año de la pandemia, 2020, los sindicatos advierten de que la crisis provocada por el coronavirus ha debilitado el mercado laboral y que los controles del mercado del trabajo deben reforzarse. "Os ERTE serviron para blindar a moitos traballadores respecto do que pasou na crise de 2008. Por iso pedimos que se manteñan, pero tamén que se fiscalicen eses expedientes. E os que incumpran que paguen, porque estamos a falar de cartos públicos, que son de todos", concluye Vidal Trillo.
17 víctimas mortales
De los 208 accidentes investigados, 126 eran graves, 63 leves, 17 mortales y dos muy graves.
234.749 euros
La Autoridad laboral sancionó con 234.749 euros las infracciones de los accidentes de trabajo en Pontevedra. La cifra en Galicia superó el millón de euros.
