Nueva legislatura a la vista y mismos deberes pendientes con Pontevedra. El próximo Gobierno central tiene ante sí varios retos en la capital de la provincia. Uno de los más importantes afecta a las infraestructuras, que apenas han experimentado avances. Impulsar nuevos tramos de la circunvalación, la reforma del nudo de Bombeiros y el inicio de las obras del paseo peatonal a Marín son algunas de las asignaturas pendientes del futuro Ejecutivo de Madrid.
El primer tramo de la autovía A-57, entre Vilaboa y A Ermida, en la parroquia pontevedresa de Marcón, avanza a ralentí. Su construcción comenzó oficialmente en octubre de 2015 tras un acto presidido por la entonces ministra de Fomento, la "popular" Ana Pastor, que colocó la primera piedra.
El calendario de obra fijaba su finalización en febrero de este año, pero un cambio de última en el diseño del trazado ha modificado de forma sustancial la ejecución del primer tramo de la A-57. Por el momento se desconoce cuándo se acabarán los trabajos, adjudicados a la constructora San José por algo más de 59,4 millones de euros, una cuantía que se verá aumentada.
El resto de tramos de la denominada circunvalación también son una incógnita. El que discurrirá íntegramente por Pontevedra, entre A Ermida y Pilarteiros, continúa en el cajón. El Ministerio de Fomento aún no ha resuelto las alegaciones presentadas a principios de este año contra el trazado de la autovía, que unirá las parroquias de Marcón y Santa María de Xeve.
El tramo de la A-57 que conectará el municipio pontevedrés con Barro, entre Pilarteiros y Curro, también se encuentra atascado por la burocracia y la falta de fondos. El proyecto se expuso al público en verano del año pasado, pero el diseño no convence. De hecho, Fomento ha abierto la posibilidad de variar el último kilómetro del trazado de la autovía para no afectar a núcleos poblados.
MÁS OBRAS. Otra de las obras pendientes en la ciudad es la reforma del nudo de Bombeiros. La actuación, presupuestada en 6,22 millones de euros, sigue pendiente de la firma de un convenio entre Fomento y la concesionaria de la autopista, la empresa Audasa.
La entonces ministra Ana Pastor llegó a anunciar la licitación de estos trabajos para verano de 2016. Han pasado algo más de tres años y el proyecto no se ha tocado. Ni lo hizo el popular Íñigo de la Serna ni tampoco el socialista José Luis Ábalos. Este último ocupa ahora la cartera en el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
La obra en el entorno del Parque Municipal de Bombeiros supondrá la mejora de la seguridad vial en la zona, con nuevas conexiones hacia la autopista y con espacios para peatones y ciclistas. El actual paso por el puente de la AP-9 para ir desde la Comandancia de la Guardia Civil hasta As Correntes es muy estrecho y peligroso.
La única de las actuaciones que ha salido del cajón en materia de infraestructuras es la del paseo peatonal a Marín. El Ministerio para la Transición Ecológica licitó la obra el pasado mes de agosto por algo más de 2,5 millones de euros, un presupuesto ligeramente inferior al previsto inicialmente. La actuación cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que podría estar lista en 2020. Por el momento se desconoce cuánto ha avanzado el proceso de contratación ni las empresas que se han presentado al concurso.
OTROS PROYECTOS. El traspaso de la AP-9 a la Xunta es otro de los asuntos pendientes de la agenda estatal. Ni PP ni PSOE han culminado la transferencia de la autopista, cuya subida de peajes ha provocado un gran descontento social. En febrero, Audasa afrontará un juicio por supuestos cobros abusivos.
Además de las infraestructuras, el próximo Gobierno tendrá otros deberes con Pontevedra, como la reapertura de la vieja delegación provincial de Hacienda. El edificio lleva nueve años cerrado. Los intentos por dar nuevos usos a la sede, ubicada en la Praza de Ourense, han sido en vano.
La resolución judicial sobre el futuro de Ence también marcará el debate político después de la decisión del Gobierno de Sánchez de allanarse en el recurso presentado contra la prórroga de 60 años concedido por la pastera. La sentencia de Audiencia Nacional podría conocerse antes de las elecciones gallegas, previstas para el año que viene.
