Pontevedra multiplicará por 20 los ingresos por el IBI de la autopista

Audasa deberá pagar 314.800 euros al Concello de Pontevedra tras el fin de la rebaja que se aplicaba a la AP-9 por una ley de la dictadura ► Los anteriores recibos, bonificados al 95%, ascendían a 15.740 euros
Tramo de la autopista AP-9 a su paso por el concello de Pontevedra. JOSÉ LUIZ OUBIÑA
photo_camera Tramo de la autopista AP-9 a su paso por el concello de Pontevedra. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

Las arcas municipales de Pontevedra contarán este año con un ingreso extra. Audasa deberá pagar al Concello algo más de 314.800 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles, el conocido como IBI. Es 20 veces más de lo que se estaba percibiendo hasta ahora por parte de la empresa que explota la Autopista del Atlántico (AP-9).

El aumento de ingresos se debe al fin de la rebaja que los 38 municipios por los que pasa la AP-9 aplicaban a esta infraestructura por imperativo legal.

¿Por qué estaba bonificado el IBI de la autopista?

La concesionaria se beneficiaba de una bonificación del IBI casi total. Solo estaba obligada a abonar el 5% de este tributo, que es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. Y lo hacía gracias a una ley de la dictadura franquista, de 1972.

La amnistía caducó el verano pasado, concretamente el 18 de agosto de 2023, fecha en la que debía haber finalizado la concesión de la que disfrutaba Audasa para explotar la AP-9 antes de que el Gobierno de José María Aznar (PP) prorrogase este permiso hasta 2048 sin mediar concurso público, como obliga la legislación.

El decreto que sostuvo aquella moratoria incluía en su cláusula vigésima que la compañía mantendría todos sus beneficios fiscales. Menos uno, el del IBI, que "no podrá disfrutar a partir del día 19 de agosto del año 2023, inclusive".

Aquel texto lo firmó en el año 2000 el entonces ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado. El nuevo reglamento prolongaba la concesión de la AP-9 a cambio de la construcción de su último tramo, entre Ferrol y Fene. Aquella obra se inauguró en 2003, año en el que Aznar privatizó la empresa pública que desde 1984 se encargaba de explotar la también llamada Autopista del Atlántico.

Casi 300.000 euros más en la caja

El fin de la amnistía fiscal a Audasa supondrá una importante inyección económica para Pontevedra, que ingresará 299.061,28 euros más a través del IBI. Hasta ahora, los recibos ascendían a 15.740,07 euros.

La actualización del importe por parte de los servicios técnicos del Concello situarán los ingresos totales de este impuesto por encima de los 21 millones de euros, una cifra inédita. La previsión recaudatoria de la también llamada contribución para 2024 era ligeramente inferior: algo más de 20,78 millones de euros, según consta en el Orzamento en vigor.

La capital provincial no será la única beneficiada por la caducidad de estas bonificaciones. Doce concellos de la provincia, que tienen delegado el servicio de cobro del IBI a través del ORAL de la Deputación, también harán más caja.

Ibi

De los 127.693 euros pasarán a percibir más de 2,2 millones de euros. La lista de beneficiarios la forman Barro, Caldas, Meis, Moaña, Mos, Poio, Pontecesures, O Porriño, Portas, Tui, Valga y Vilaboa.

Frente común de los partidos

La situación fiscal de Audasa se produce en medio del debate sobre el futuro de la AP-9. La Comisión Europea acaba de abrir un expediente sancionador a España por la ampliación de la concesión de la autopista hasta 2048. Es el segundo procedimiento infractor por parte del organismo comunitario, que en 2021 tramitó el primero.

El nuevo tirón de orejas de Europa motivó un inédito acuerdo de las tres fuerzas políticas que componen el Parlamento gallego. PP y PSOE apoyaron esta semana la iniciativa del BNG para pedir al Gobierno la anulación de aquella moratoria.

Este frente común podría reeditarse en el Pleno municipal de Pontevedra, que este lunes debatirá una moción para pedir la gratuidad de uno de los tramos de la AP-9, el de Curro. Los populares, parte proponiente, han recibido el respaldo previo de los nacionalistas. Los socialistas piden que esta medida se amplíe también al peaje de Vilaboa.

Algunos hechos y años clave

1972 ► El dictador, Francisco Franco, firma un decreto por el que se crea la ley de autopistas en España. En 1973 se constituye la sociedad Autopistas del Atlántico (Audasa) y se inicia la construcción de la AP-9. La concesión sería por 39 años, hasta agosto de 2012.

1981 ► Se inaugura el tramo Pontevedra Sur-Vigo, que supuso la entrada en servicio del puente de Rande.

1984 ► El Estado adquiere Audasa y la incluye dentro de ENA, la Empresa Nacional de Autopistas. La operación se hizo durante el Gobierno de Felipe González (PSOE).

1992 ► Inauguración del tramo Pontevedra Norte- Pontevedra Sur, que incluyó la construcción del puente entre A Puntada y Mollavao.

1994 ► El Estado prorroga diez años más la concesión de la AP-9 a cambio de la gratuidad de varios tramos urbanos. Gobernaba Felipe González. El final de la concesión se amplió hasta agosto de 2023.

2000 ► El Gobierno de José María Aznar (PP) vuelve a ampliar la concesión de Audasa hasta el año 2048 a cambio de la construcción del tramo entre Fene y Ferrol.

2003 ► El Estado privatiza ENA. La empresa que controlaba la AP-9 pasa a manos de un consorcio liderado por Sacyr. Años más tarde, la autopista pasa a manos de la filial de esta compañía, el grupo Itínere.

2017 ► El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), inaugura la ampliación del puente de Rande el 30 de diciembre de 2017. Las obras, que duraron casi cuatro años, provocaron retenciones casi diarias.

2020 ► Juicio contra Audasa por supuestos cobros ilegales de peaje por las retenciones de las obras en Rande. En 2021, la Audiencia de Pontevedra anula una sentencia anterior y declara que el cobro de peajes no fue abusivo.

2021 ► La Comisión Europea abre expediente sancionador a España por la prórroga de Aznar a Audasa. El motivo: se amplió una concesión de forma directa. Tenía que haberse hecho mediante un concurso público. En 2024 se abre un segundo expediente.

2023 ► El 19 de agosto de 2023 acaba la bonificación del IBI a Audasa, que solo pagaba el 5% a los concellos.

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