Pontevedra pondrá fin a la amnistía de las compañías de telefonía móvil con una tasa municipal

El Concello inicia la elaboración de la ordenanza fiscal para cobrar un tributo a las operadoras que ocupen el dominio público

Antena de telefonía móvil en el estadio de Pasarón. DAVID FREIRE
photo_camera Antena de telefonía móvil en el estadio de Pasarón. DAVID FREIRE

La amnistía fiscal a las compañías de telefonía móvil tiene los días contados en Pontevedra. El Concello ha iniciado la elaboración de una ordenanza para cobrar una tasa a las operadoras que hagan un uso privativo del dominio público. Todas las instalaciones que ocupen espacios en el suelo, bajo tierra o en la vía pública tendrán que pagar su correspondiente tributo al municipio.

El primero paso dado por el Gobierno local para implantar este gravamen se centra en una consulta pública a través de la página web municipal para recabar la opinión de los vecinos y de las organizaciones afectadas por esta iniciativa.

En ella, los servicios técnicos señalan que la tasa está justificada por varias razones. Una de ellas tiene que ver con el agravio comparativo con otras entidades que ocupan el espacio público y sí pagan sus tasas. "Manter unha situación de excepción en relación ós operadores de telefonía móbil supón unha desigualdade no ámbito tributario insostible nun Estado social de dereito", expone el documento web firmado por el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo.

Otro de los argumentos que esgrime Pontevedra para aprobar este nuevo tributo tiene que ver con que ya no existen trabas legales. Una sentencia del Tribunal Supremo del año 2016 dio validez al cobro de esta tasa a las operadoras, que se habían librado del pago gracias a un fallo anterior de otro tribunal. El proceso en cuestión lo inició el Ayuntamiento de Madrid, que comenzó a recaudar el dinero de las firmas de telefonía tras ganar la batalla judicial.

El Gobierno local convoca una consulta pública entre los vecinos a través de la página web municipal para dar forma a la regulación

 

La normativa municipal de Pontevedra sentará sus bases en este precedente. "É o momento oportuno para facelo, posto que parecen superadas as reticencias iniciais amosadas no ámbito xudicial. Así, as últimas sentenzas acaídas na materia confirman que, no caso dos titulares dos recursos que ocupan o dominio público local, existe un indubidable aproveitamento relacionado cos servizos prestados a través destes ás operadoras de telefonía móbil", exponen los técnicos del Concello, que insisten que las citadas compañías "obteñen un beneficio económico" derivado de la ocupación de espacios públicos.

El cobro de la tasa a estas firmas fue aprobado por la Corporación municipal en verano del año 2016. La iniciativa surgió por parte del grupo del PSOE, que dirige Agustín Fernández. Los socialistas entendían que la sentencia del Supremo favorable a Madrid abría la posibilidad de que Pontevedra gravase a estas compañías, cuyas antenas han proliferado por la ciudad.

Entonces, el propio Fernández calculaba que la puesta en marcha de la nueva ordenanza fiscal podría reportar ingresos extra al Concello. Los valoraba en unos 300.000 euros.

De momento, la cuantía de recaudación todavía es una incógnita. Para ello habrá que establecer un censo para determinar el número de instalaciones de este tipo que hay en Pontevedra. Con toda probabilidad, esta tarea se encargará a una empresa externa.

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