Pontevedra pone requisitos para la futura mancomunidad del agua. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, hizo este jueves público el documento que se debatirá en el Pleno de este mes como paso previo a la creación de un ente supramunicipal para la gestión conjunta de los recursos hídricos en la comarca.
El Concello pone tres condiciones para dar forma a este consorcio, en el que trabajan Augas de Galicia, Acuaes y siete municipios: Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Bueu, Vilaboa y Ponte Caldelas. La primera de ellas es que la puesta en marcha de este sistema no pase factura a la capital provincial.
La Administración pontevedresa no quiere que el proyecto implique un coste mayor al actual servicio de abastecimiento. Y así se hace constar en el documento que será objeto de debate plenario. En él se subraya que la futura mancomunidad "non xerará gasto adicional ningún no servizo municipal ou incremento de custos económicos ao Concello de Pontevedra nin aos seus cidadáns e empresas". Es decir, que no le vaya al bolsillo a los ciudadanos a través de subidas del recibo del agua ni a Viaqua, la concesionaria del suministro hasta el año 2039.
El informe técnico, elaborado por los directores xerais de Urbanismo y Mobilidade, solo admite que el coste aumente para hacer frente a los "gastos correntes necesarios" para dar forma al futuro consorcio, "con valoración no proceso constitutivo e, de ser o caso, das instalacións municipais propias que se utilicen para a xestión conxunta".
El segundo requisito que reclama Pontevedra es no perder "dereitos adquiridos". Es decir, que no se quiere renunciar a las actuales concesiones en vigor, que otorgan a la capital dos captaciones: la del río Lérez en Monte Porreiro y la del río Rons en Verducido. Esta última es la vinculada que da de beber al embalse de O Pontillón do Castro. El abastecimiento de agua a los concellos de la ría se realiza a través de estos dos puntos, que se alternan a lo largo del año para garantizar el servicio. Esta petición permitiría al Concello garantizar futuras ampliaciones de la traída municipal en el rural.
El tercer condicionante es que el ente supramunicipal excluya del suministro al polígono industrial de A Reigosa. El motivo es que el abastecimiento a este parque está garantizado a través de un convenio entre Pontevedra y Ponte Caldelas.
En la práctica, la Adminstración capitalina quiere evitar hipotéticas subidas de recibos a la ciudadanía y hacer valer las millonarias cantidades de dinero invertidas en la construcción y mantenimento de las infraestructuras hidráulicas que captan, potabilizan y distribuyen agua a la población pontevedresa y a los municipios de la comarca.
"Nós estamos abertos a crear un ente supramunicipal, que non é algo fácil. Vén de vello", recordó Lores, no ve mala idea aumentar la concesión del caudal del Lérez a mil litros por segundo. “No momento de máis consumo, no verán, chégase aos 700 litros por segundo", dijo. "Deste xeito garantizaríanse posibles novas concesións ou ampliacións", señaló. "O que non queremos é que se incrementen os custos do servizo de abastecemento", recalcó.
En la actualidad, Pontevedra se encarga de distribuir el agua que capta del Lérez y de la presa de O Pontillón. Todos los concellos, salvo Sanxenxo, pagan el mismo canon por este sistema: 0,183 euros por metro cúbico. La villa sanxenxina es la única que no asume las tarifas que sí pagan localidades como Marín o Poio, al abonar de forma unilateral un precio menor: 0,0857 euros por metro cúbico. Esta guerra del agua ha generado un duro enfrentamiento entre ambos ayuntamientos durante los últimos años.
