"Estamos un pouco decepcionados porque non avanzamos todo o que quixeramos". Así resumió el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, la reunión mantenida este miércoles en Madrid con altos cargos de dos ministerios, el de Transición Ecológica y el de Movilidad, en calidad de presidente de la red Ciudades que Caminan, que representan a más de 80 ciudades españolas, para buscar un encaje legal en las áreas de tráfico reducida que Pontevedra prevé activar en el casco urbano, Monte Porreiro, Estribela y O Burgo en 2023.
La presión de Lores y de esta plataforma no ha surtido, de momento, el efecto esperado para que se suavice la Ley del Cambio Climático, que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a poner en marcha zonas de bajas emisiones desde el próximo 1 de enero. Pontevedra defiende que su modelo urbano ya cumple con las exigencias de descarbonización y de respeto al medio ambiente en las que incide esta normativa. Por eso se reclama una tercera vía para que la implantación de este reglamento no tenga ningún coste para la ciudadanía.
El Concello seguirá con sus políticas de movilidad pese a las dudas de cómo aplicar la Ley del Cambio Climático a partir del 1 de enero
La norma establece dos posibilidades para reducir la contaminación en las urbes: el cobro de algún tipo de peaje o la disminución del tráfico limitando la circulación a los vehículos que tengan el distintivo medioambiental de la DGT. Esta última opción obligaría a muchos vecinos a cambiar su coche por uno con etiqueta "verde", esto es, menos contaminante.
Lores sostiene que en la red Ciudades que Caminan ya hay ejemplos de cómo luchar contra la crisis climática a través de políticas públicas que piensen más en las personas y limiten el tránsito en las ciudades "aos vehículos necesarios para que funcionen". Citó a Pontevedra y Logroño, que prevén zonas de bajas emisiones sin perjudicar al bolsillo de sus habitantes. "A Ley del Cambio Climático fala expresamente de etiquetas e aínda non deron encaixado as alegacións que lles propuxemos. (...) Están pendentes dun informe do Consello de Estado", señaló.
El nacionalista reconoce la dificultad de dar cabida a excepciones en el reglamento estatal. "É complexo, pero non imposible", argumentó.
