El gobierno local de Pontevedra llevará al próximo pleno de la corporación municipal la nueva ordenanza fiscal de telefonía que incorpora un tributo que deberán pagar las empresas que operan en el municipio por la utilización del dominio público. Este nuevo tributo, según los cálculos municipales, reportará 176.162 euros al año a las arcas municipales.
El portavoz del gobierno municipal, Raimundo González, ha informado en rueda de prensa, tras la Xunta de Goberno local, que los técnicos municipales estiman que estas compañías, con sus antenas fijas, microceldas, redes o cableado, ocupan unos 50.000 metros cuadrados de espacio público. Las afectadas, principalmente, son dos compañías Movistar y R.
La nueva tasa surge a raíz de una moción del PSdeG-PSOE y regulará la conocida como utilización privativa y los aprovechamientos especiales en el suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.
Tendrán que pagarla de manera trimestral todas las compañías telefónicas que prestan servicio en la ciudad, aunque aquellas que tengan menos de 5.500 líneas de prepago o contrato disfrutarán de una bonificación del 70%. Tras su aprobación en pleno, si no se presentan alegaciones en el periodo de exposición pública, la tasa ya entrará en vigor automáticamente.
