Cuando una víctima de violencia de género da el paso de denunciar a su agresor se pone en marcha un mecanismo destinado a protegerla que, si las circunstancias lo requieren, incluye su traslado, y el de los hijos que estén a su cargo, a una casa de acogida temporal.
La Rede Galega de Acollemento incluye seis centros: tres en A Coruña, uno en Lugo, uno en Ourense y otro en Vigo
Según el balance anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, adscrito al Consejo General del Poder Judicial, Galicia registró durante el pasado año un total de 5.210 denuncias por malos tratos, una más que las presentadas en 2014.
Sin embargo, la Rede Galega de Acollemento para mujeres víctimas solo dispone de seis centros de acogida en toda la comunidad autónoma y, en el caso concreto de la provincia de Pontevedra, solo existe uno, situado en Vigo.
Según los datos aportados por la Secretaría Xeral da Igualdade de la Xunta, en A Coruña hay tres (la casa de acogida y pisos de transición a la vida autónoma de la capital herculina, la situada en Ferrol y una vivienda tuleada en Culleredo, todos ellos de titularidad municipal), en Lugo también hay un piso de acogida de propiedad municipal, el Concello de Ourense dispone de otro y en Vigo hay un Centro de Emerxencia de carácter municipal-autonómico, que está gestionado de forma integral por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (adscrito a la Consellería de Política Social), con la colaboración de la Secretaría Xeral de Igualdade.
EN LA CAPITAL. En el caso de la capital del Lérez no existe ningún servicio de estas características, algo que provoca críticas por parte de asociaciones como Mulleres en Pé, cuyas integrantes denuncian que las víctimas que necesitan acogida tienen que ser trasladadas a otras ciudades, con todo lo que implica.
El Concello pontevedrés explicó que en su día trató de contar con un centro propio y para ello compró la Casa Azul. Sin embargo, la noticia tuvo tanta repercusión que finalmente el edificio no se pudo destinar a ese fin, teniendo en cuenta que este tipo de cuestiones requieren discreción para garantizar el derecho de privacidad y la seguridad de las usuarias, según precisó el Gobierno local. Con todo, este subrayó que reserva una partida en los Prespuestos municipales para financiar el traslado de las víctimas y dispone del CIM para prestar atención psicológica, asesoramiento jurídico, orientación sobre empleo, información y ayuda a las mujeres.
20 PLAZAS. El centro de acogida de Vigo tiene como finalidad proporcionar alojamiento inmediato y de corta estancia a las ciudadanas que estén inmersas en una situación de malos tratos y a las personas que dependan de ellas, a fin de garantizarles un hogar de emergencia mientras se valora su situación o se tramita «unha derivación a outro dispositivo máis axeitado», según señaló la Xunta.
Este centro dispone de 20 plazas y el año pasado recibió a cien usuarios: 67 mujeres y 33 menores. En lo que respecta a las primeras, 56 procedieron de la misma provincia, siete de A Coruña, dos de Lugo, una de Ourense y otra de fuera de Galicia.
El centro vigués fue, con diferencia, el que atendió a más personas, pues el de A Coruña registró a 26 mujeres y 19 niños; el de Ourense a 22 y 23, respectivamente; el de Ferrol a 21 y 25; el de Lugo a nueve y seis y el de Culleredo a cuatro mujeres y cinco pequeños.
FINANCIACIÓN. La Consellería de Vicepresidencia precisó que estos centros de acogida de titularidad municipal cuentan con la colaboración de la Administración autonómica, «co obxecto de que as mulleres que sofren malos tratos e os seus fillos dispoñan dun tempo e un espazo no que poidan reorientar a súa situación persoal, facilitándolles as ferramentas elementais, tanto económicas como psicosociais». El presupuesto destinado este año por la Secretaría Xeral da Igualdade para colaborar con estos concellos asciende a 232.000 euros.
Además, la provincia pontevedresa cuenta con 27 CIM (Centros de Información ás Mulleres) y las subvenciones que recibieron en 2015 por parte de la Secretaría fueron diversas. Según los datos aportados por la Xunta, el de Pontevedra percibió 38.995 euros y el de Vigo, 60.000, al igual que los de Moaña, Redondela, Poio y Vilagarcía. Por su parte, A Estrada, Vilanova, Soutomaior (que presentó su solicitud agrupada con Pazos de Borbén y Vilaboa) y O Porriño recibieron entre 20.000 y 30.000 euros; Cangas, Nigrán, Gondomar y Valga (que presentó la petición junto con Moraña) obtuvieron entre 30.000 y 40.000; Baiona, Bueu, Caldas (junto a Barro y Portas), A Guarda, O Grove, Sanxenxo y Ponteareas recibieron entre 40.000 y 50.000; Marín, Silleda, la Mancomunidade do Salnés, A Lama (junto con Cotobade y Fornelos) tuvieron entre 50.000 y 60.000 y Lalín (con Agolada y Rodeiro) recibió 69.333 euros.
