Un pontevedrés que compartía pornografía infantil, al banquillo

El encausado "utilizaba imágenes de menores para intercambiarlas con otros usuarios de la red"

Foto de archivo de un ordenador. DP
photo_camera Un hombre manipula el teclado de un ordenador. DP

PONTEVEDRA. Los juzgados de lo Penal de A Parda acogerán en las próximas semanas una vista oral por uno de los delitos que continúa en auge en la sociedad actual. R.A.P, vecino de la ciudad del Lérez "de ignorados antecedentes policiales", según el relato público de la Fiscalía Provincial de Pontevedra, se sentará en el banquillo acusado de un presunto delito de distribución de pornografía infantil, por el que se enfrenta a una posible condena de dos años de prisión.

Los hechos que serán sometidos a juicio en A Parda sucedieron "desde fechas que no han podido concretarse, pero en todo caso antes del 1 de junio de 2016", cuando el procesado, "movido por la intención de satisfacer sus deseos sexuales, venía guardando en un ordenador de su propiedad, instalado en su domicilio de Pontevedra, archivos de imagen y vídeo obtenidos en la red en las que aparecían niñas menores de edad sin ropa, en unas ocasiones mostrando de forma sugerente sus órganos sexuales y en otras ocasiones manteniendo contacto o relaciones sexuales entre sí o con personas mayores de edad".

El encausado, según detalla el Ministerio Público, "utilizaba las referidas imágenes para intercambiarlas con otros usuarios de la red", con contenido explícito que fue detectado por los investigadores en fechas muy concretas, a través de Chatstep.

Con todos los indicios sobre la mesa y la oportuna autorización judicial, los agentes efectuaron la entrada y registro en la vivienda del investigado, hallando más de 60 archivos de imagen y vídeo como los relatados, con menores efectuando toda clase de prácticas sexuales, en ocasiones con adultos.

"El acusado obtuvo las referidas imágenes mediante programas de intercambio de archivos y las utilizaba para cambiarlas con otros usuarios de la red", añade la Fiscalía.

El Ministerio Público explica que el delito de distribución de pornografía infantil que se le atribuye absorbe el también acreditado de tenencia y, además de la prisión, exige el decomiso definitivo del disco duro intervenido.