Hasta tres años. Eso es lo que están tardando los equipos de la jefatura territorial de Política Social en resolver buena parte de las solicitudes de valoración del grado de discapacidad.
Fuentes próximas al servicio confirmaron este jueves a este periódico que "hay un atraso bastante considerable" en la tramitación de este tipo de expedientes y que la lista de espera es bastante extensa. Actualmente hay más de 4.000 solicitudes sin resolver y los tres equipos de valoración que operan en la delegación de Sanidade (sita en la Avenida de Vigo) se quedan cortos para asumir la demanda de valoraciones. "Se necesita más gente para resolver los expedientes. Además, no están sustituyendo las bajas y eso también retrasa la resolución", añadieron las mismas fuentes.
Las únicas valoraciones que están siendo algo más ágiles son aquellas en la que está justificada una tramitación urgente. El resto de peticiones siguen su curso ordinario, lo que puede dar lugar a una espera de tres años, un plazo excesivo para los demandantes de mayor edad y para aquellos que presentan unas circunstancias socioeconómicas complicadas.
Las resoluciones positivas dan acceso a determinados derechos y beneficios reservados a las personas con discapacidad. Por ejemplo, reducciones en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), exenciones en determinados impuestos, subvenciones para la movilidad e incluso el derecho a acceder a determinadas plazas de empleo público.
El reconocimiento se efectúa a través de los Equipos de valoración y orientación (Evo), dependientes de las jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social.
Casi un 10% de la población del municipio, en el que hay cuantificados 82.671 habitantes, tiene limitaciones físicas o mentales reconocidas por Ley
CERTIFICADOS. En el ayuntamiento de Pontevedra hay registradas 8.117 personas con algún tipo de discapacidad reconocida (4.272 mujeres y 3.844 hombres). Esto implica que casi un 10% de la población del municipio (en el que hay cuantificados 82.671 habitantes) tiene limitaciones físicas o mentales reconocidas por Ley, con todo lo que ello significa.
A nivel de la provincia hay constancia de 113.182 personas a las que se ha valorado en algún momento su grado de discapacidad. De estas, 87.8209 (el 77%) obtuvieron una resolución positiva, según el censo de personas con discapacidad elaborado con fecha de 31 de diciembre de 2017.
En el área de Galicia han sido registradas en los últimos años 321.866 valoraciones que dieron lugar a 231.954 certificados de discapacidad. El 32% de los destinatarios tienen más de 75 años, el 25% entre 50 y 64 años y el 21% entre 65 y 74.
Por tipo de discapacidad, las físicas son las más comunes (representan el 56%), seguidas de las mentales (15,3%), las intelectuales (14,6%), las sensoriales (14%) y las motivadas por enfermedades raras (0,07%).
Marcos (nombre ficticio) se ha dirigido al Defensor del Pueblo para denunciar la demora que está teniendo lugar en Pontevedra en la resolución de las valoraciones de discapacidad. En su caso, lleva esperando desde septiembre del año pasado a que evalúen a su padre, un hombre de 83 años que presenta problemas de movilidad y algunas complicaciones en su estado de salud que, a su juicio, deberían dar lugar a un reconocimiento oficial de un determinado grado de discapacidad.
En su caso, el principal motivo que ha llevado a la familia a solicitar la valoración es acceder a las reducciones del IRPF. No obstante, el escrito remitido al Defensor del Pueblo tiene ánimo de denunciar lo que sucede con carácter general. "La resolución de los expedientes está llegando a los tres años, algo intorelable. Cualquier persona debería tener esto resuelto en un plazo razonable, más aún si se trata de personas mayores que ya tienen que lidiar con unas pensiones ajustadas. Creo que no hay recursos porque interesa, porque así se están ahorrando mucho dinero", denuncia el afectado.
Política Social responde: El plazo legal para resolver las peticiones es de tres meses desde la solicitud
Según informó este jueves a este periódico la Consellería de Política Social, el plazo máximo fijado para resolver una solicitud de valoración de discapacidad desde que se completa la solicitud es de tres meses, "siempre y cuando no se requiera documentación adicional". ¿Qué sucede? Que ese plazo puede ser ampliado por la jefatura territorial cuando el número de solicitudes y otras circunstancias contempladas por la norma impidan cumplir "razonablemente el plazo previsto".
Las fuentes oficiales consultadas no entraron a valorar la demora de hasta tres años que está teniendo lugar en Pontevedra. En cambio, subrayaron que la Consellería comenzó a implantar en octubre de 2017 una serie de medidas para reducir los tiempos de espera en este tipo de procedimientos, que espera que "empiecen a dar sus frutos a lo largo de este año de manera paulatina".
El proceso de solicitud de reconocimiento de discapacidad empieza por la presentación de la solicitud de valoración del grado de discapacidad, la concesión de una cita para el reconocimiento médico, la valoración del grado y la resolución.
Las personas a las que se le reconocen legalmente limitaciones físicas o psíquicas reciben un certificado con el grado de discapacidad. La valoración está dirigida a personas de cualquier edad, con "deficiencias permanentes no recuperables" que afectan a su capacidad de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Las personas que alcanzan un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33% pueden acceder a una serie de beneficios fiscales, laborales, económicos, educativos y sociales, entre otros.
