Portos prevé que la evaluación ambiental del dragado esté finalizada antes de acabar el año

José Juan Durán vincula la demora del proyecto a la normativa medioambiental, los cambios legislativos ocurridos durante la tramitación y la complejidad de la actuación ►Agradece la "actitud comprensiva" de las cofradías de la ría
Una embarcación varada hace unos días en el Club Naval
photo_camera Una embarcación varada hace unos días en el Club Naval

Los últimos plazos que han llegado a manos de Portos de Galicia prevén que la evaluación ambiental del proyecto del dragado de la ría y el río Lérez esté finalizada este año. El trámite es uno de los últimos obstáculos para poder pasar a la fase de licitación de obras, cuya ejecución está siendo demandada por las cofradías de la ría, la Administración local y el Club Naval, entre otras entidades. El proyecto, que lleva en trámites desde 2011, por fin podría recibir el impulso definitivo. No obstante, el presidente de Portos, José Juan Durán, trata las previsiones "con toda la prudencia" del mundo y advierte de que los cálculos podrían no estar en lo cierto. Ya ha ocurrido en más de una ocasión durante la tramitación del dragado y a estas alturas todavía hay flecos que impiden cerrar fechas concretas.

Entretanto, Durán quiere "informar a la opinión pública" sobre los motivos que han provocado el retraso de la obra y, que según dice, son fundamentalmente dos. El primero a tener en cuenta es "la normativa aplicable a los dragados", que abarca leyes y normas "muy complejas" que obligan a someter el proyecto a consulta de varios departamentos de distintas administraciones. "Las normativas medioambientales son cada vez más garantistas y eso hace que se prolonguen mucho los trámites (...) Pero Portos no implanta la normativa, ni la dicta ni la promulga; Portos la cumple, como no podía ser de otra manera", explica el presidente.

A esto se añade la circunstancia de que "durante la tramitación del dragado" se han modificado las directrices sobre los análisis a los que hay que someter los materiales que se prevén extraer en este tipo de obras y, en palabras de Durán esto ha obligado a "reiniciar procedimientos y modificar alguna declaración de impacto ambiental".

Precisamente, los técnicos trabajan ahora mismo en el análisis de los posibles puntos de vertido a los que puede ir a parar la arena del dragado. La calidad de la misma es la que determinará si finalmente se utiliza para la "regeneración de bancos marisqueros" o si se deposita en la "isla de Tambo, la isla de Sálvora" o ubicaciones alternativas. La cuestión es que esta decisión "también obliga a hacer estudios" que, como el resto, dilatan la actuación.

GRAN COMPLEJIDAD. El segundo factor al que alude Durán a la hora de justificar la demora es "la extrema complejidad" del dragado de Pontevedra. "Me atrevería incluso a decir que en Galicia, dragados con estas características, se cuentan con los dedos de una mano y sobran", señala.

La actuación prevé la retirada de más de 300.000 metros cúbicos de arena en un tramo del canal de navegación que ronda los cuatro kilómetros de extensión. La financiación, que está previsto que supere los dos millones de euros, no ha interferido en el calendario, según Durán. "Ahora mismo estamos en fase de tramitación, cuando llegue esa fase (de inversión), la Xunta proveerá".

Tanto Portos como la Consellería do Mar dicen entender "la preocupación e incluso el malestar que puede generar estos plazos tan prolongados". Por este motivo, se muestran "muy agradecidos" con "la actitud comprensiva que tienen las cofradías de la ría de Pontevedra, Raxó y Lourizán, con las que los técnicos se reúnen de forma periódica para informar sobre la tramitación del proyecto.

Durán subraya que el ente autonómico que preside "siempre estuvo disponible" para aportar información a "cualquier otro colectivo" y en cierto modo lamenta no haber recibido más solicitudes para estar al corriente. El ‘popular’ considera que "solo con la información exacta se puede uno pronunciar adecuadamente", en una clara alusióna los colectivos que han disparado sus críticas contra el ente. "Si falta esa información se puede opinar, que es absolutamente legítimo, pero no se tienen elementos de juicio para concluir si la tramitación es lenta o no".

El cambio de normativa ha obligado a "reiniciar procedimientos y modificar alguna declaración de impacto ambiental"

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