El PP acusa al Concello de Pontevedra de "derroche" por la adjudicación del Ibi

Domínguez dice que la decisión puede suponer el pago de una indemnización de hasta 300.000 euros
Rafa Domínguez. DP
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Esta vez ha sido la exclusión de un contrato público de una empresa por parte del Concello. La ofensiva popular contra el Gobierno local continúa con un nuevo capítulo de acusaciones por parte del portavoz de la oposición, Rafa Domínguez, que este miércoles señaló el "derroche" y la "absoluta incapacidad" del Concello por recurrir una sentencia que le da la razón a la empresa Eibisa Norte S. L. en un pleito que mantiene con el ente local.

La polémica se remonta al año 2018, cuando la mesa de contratación municipal, presidida en aquel momento por Raimundo González, excluyó a la mencionada firma de un concurso para hacerse con un contrato para gestionar el cobro del IBI y realizar trabajos de mantenimiento en las bases de datos del Catastro por considerar que incurría en "baja temeraria" o, lo que es lo mismo, por pedir un precio sospechosamente bajo por sus servicios que no garantizaba que estos se pudiesen llevar a cabo correctamente. Según el PP, esta exclusión se produjo por una diferencia de 99 céntimos con respecto a la empresa que ocupaba el segundo puesto en el concurso, que fue finalmente la adjudicataria del mismo. Según el BNG, la exclusión se corresponde con criterios técnicos y fue decidida por un funcionario que no es designado por políticos. "É como se nunha oposición sacas un 4,99, estás suspenso", indicó Raimundo González, que insistió en que se trata de "un proceso regrado no que non cabe intención política". 

La empresa que finalmente se hizo con el contrato fue Laya Gestión y Servicios S. L., que tal y como apuntan los informes municipales también hizo frente a una calificación de "baixa desproporcionada" debido al precio que ponían a uno de los ítems del contrato. De este modo, los informes municipales elaborados por los técnicos aclaran cómo se produjo la exclusión de Eibisa del proceso de selección. Y es que ambas empresas, Eibisa Norte S. L. y Laya Gestión y Servicios S. L. tuvieron que explicar por qué ponían precios tan bajos a algunos de los servicios que ofertaban. Las explicaciones de la primera no convencieron al técnico que resolvió el asunto, por ser demasiado vagas y no aportar datos concretos, pero la segunda sí justificó sus precios, por lo que no fue excluida y, finalmente, resultó ser la adjudicataria.

La exclusión del concurso hizo que la empresa Eibisa S. L. acudiese a los juzgados para denunciar la situación. Primero al tribunal de cuentas, que le dio la razón, y luego al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que volvió a fallar a favor de la firma tras un recurso del Concello. Pese haber perdido ambos juicios, el ente municipal otorgó el concurso a Laya Gestión y Servicios y volvió a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, una decisión que, según el PP, se llevó a cabo contra el consejo se los servicios jurídicos del Concello. "Supone un enorme gasto, porque el Concello tendrá que indemnizar a la empresa con los 200.000 euros de valor del contrato, más costas e intereses, lo que rondarán los 300.000 euros, por una diferencia de menos de un euro", adelantó Domínguez, aunque todavía no haya sentencia que confirme esta afirmación.

Por su parte, Raimundo González entiende que los recursos obedecen a la responsabilidad del Concello de defender a sus funcionarios y "non deixalos na estacada" cuando se pone en duda su profesionalidad. En este sentido, acusó al PP de cuestionar el trabajo de los técnicos municipales, así como enturbiar el prestigio de las empresas que concurren a concursos públicos. Por su parte, Domínguez quiso aclarar que "Laya es una empresa intachable hasta lo que nosotros conocemos", lo que no significa que para el PP la actuación del Concello sea condenable por malgastar el dinero de los pontevedreses en un pleito que, según los populares, está condenado a perder.

Sube la tensión: "Ou ten moi mala fe ou lle falta un fervor"
De nuevo el cruce de acusaciones provocó que el tono de la bronca se elevase, cuando Raimundo González defendió la actuación del Concello acusando a Rafa Domínguez. "Ou ten moi mala fe ou lle falta un fervor", dijo en referencia a lo que achaca como una falta de conocimiento del popular de ciertas cuestiones técnicas.
Sin embargo, en el BNG existe la convicción de que acusaciones como la del miércoles se corresponden con una estrategia popular para desacreditar al Gobierno local creando un clima que insinúe que hay corrupción en el Concello.
Con este panorama, el próximo lunes el Pleno debatirá la propuesta de los populares de crear una Comisión de Investigación para aclarar algunos de los contratos otorgados por el Concello. Previsiblemente, la propuesta será rechazada por BNG y PSOE. "Dice muy poco de estos partidos que no quieran investigar y ser transparentes. Si no se aprueba tendremos que tomar medidas y posiblemente acudir a los juzgados", avanzó Domínguez.

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