El Congreso de los Diputados acoge esta semana la tramitación de la nueva Ley de Cambio Climático que, entre otras medidas, modificará la Ley de Costas y contempla la anulación de prórrogas a empresas levantadas sobre terrenos de dominio público marítimo terrestre.
En ese conjunto de afectadas se encuentra un nombre propio: Ence, cuya continuidad en la ría –de aprobarse el nuevo texto legal– podría ser más corto del que manejan sus actuales gestores.
Pero no sería la única damnificada y ahí es donde ponen el acento los senadores y diputados del PP por la provincia de Pontevedra, que ayer mantuvieron una reunión de trabajo para analizar las posibles consecuencias y sus conclusiones no son, precisamente, optimistas.
"Neste momento tan delicado non podemos permitirnos queimar un sector produtivo que en Galicia e na nosa provincia é fundamental", subraya Diego Gago, vocal en la comisión de Cambio Climático.
Junto a sus compañeras María Ramallo y Pilar Rojo, se refiere a las numerosas empresas afincadas en la costa que dependen directamente del mar: conserveras, viveros, salazones, depuradoras, plantas de acuicultura... un sector que aglutina a miles de empleos.
Los populares exigen la retirada de los puntos 3 y 4 del artículo 18 de la nueva Ley de Cambio Climático, "que afectan ao futuro destas empresas co único obxectivo de soster toda a industria que está na franxa marítimo-terrestre, que é fundamental para a economía da nosa provincia".
A mayores, los representantes del PP también presentaron iniciativas contra la okupación de viviendas.
