El PP denunció este viernes "irregularidades" en la contratación del servicio de Normalización Lingüística del Concello de Pontevedra. Su portavoz, Rafa Domínguez, compareció en rueda de prensa para criticar que este contrato, firmado en noviembre de 1999, se haya prorrogado entre los años 2000 y 2019 para beneficiar a una persona "que pertenece al consello local del BNG".
El líder del principal partido de la oposición asegura que estas ampliaciones han contado con informes en contra de técnicos municipales, entre ellos, del área de Intervención. En ellos se advertía de que esta concatenación "desvirtúa" la finalidad de los contratos por obra y servicio, que es al que está sujeto Normalización Lingüística, que cuenta con una única trabajadora. Por este motivo defiende la convocatoria de un concurso público para que esta plaza se resuelva a través de una oposición.
"Se han saltado la Ley de forma flagrante", aseguró Domínguez sobre la prórroga del servicio, cuyos reparos fueron levantados por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que echó mano de la potestad que le da la normativa para resolver discrepancias de este tipo con el departamento de Intervención.
Rafa Domínguez, portavoz del PP: "Esto no es una caza de brujas. (...) Aquí hay dos varas de medir: la de gente afín al BNG y la de los demás pontevedreses"
A pesar de sus afirmaciones, el popular descarta acudir a la vía judicial tanto por este asunto como por las denuncias previas de contratos menores adjudicados a miembros o personas afines al Bloque, que asegura que se adjudican por "amiguismo". "En breve, algunas personas del Concello de Pontevedra van a tener que irse a la calle después de estar muchos años en el Ayuntamiento porque no se va a aplicar el mismo tipo de beneplácito que se ha tenido con otras personas. Quiero recordar que aquí se han recientemente a trabajadoras impunemente porque hay dos varas de medir: la vara de medir para gente afín al BNG y la vara de medir para los demás pontevedreses. Y no me voy a callar", indicó.
Domínguez, que ha usado contratos gestionados por el socio de Gobierno del BNG, el PSOE, para atacar a los de Fernández Lores, reduce su reproche al ámbito político. "Esto no es una caza de brujas", dijo tras mencionar, sin datos concretos, supuestos contratos a "muchas personas del BNG o primos de personas del BNG".
El portavoz del PP volvió a reclamar con insistencia la convocatoria de una comisión de investigación para analizar las contrataciones municipales, a las que su formación tiene acceso y que son públicas a través de la página web del Concello. También propuso como presidenta de este comité a su compañera Pepa Pardo e instó a que su iniciativa se atienda "cuanto antes" para, según sus propias palabras, evitar que su grupo estudie nuevos contratos.
Las acusaciones de Domínguez obtuvieron este viernes respuesta en el concejal de Normalización Lingüística, Alberto Oubiña, que aseguró que el popular utiliza un conflicto sobre los contratos temporales, que afectan al Concello de Pontevedra y a otras administraciones de toda España, para atacar a los nacionalistas. "As prórrogas dos contratos non son algo exclusivo deste Concello. Domínguez minte. Vive nunha pataleta constante", lamentó.
Oubiña también precisó que la trabajadora señalada por el portavoz del PP no pertenece al consello local del BNG, aunque sí dijo que es militante del partido desde 2003, después de que en 1999 fuese incorporada al Concello como asesora de gallego.
Alberto Oubiña, edil de Normalización (BNG): "As prórrogas nos contratos non son algo exclusivo deste Concello. Domínguez minte"
El edil nacionalista recordó que el caso de los contratos por obra y servicio que se amplían levantando reparos "danse en múltiples servizos" municipales y confirmó que algunos de ellos, que también se prorrogaron cuando en la ciudad gobernaba el Partido Popular, han cambiado su condición por sentencia judicial.
La propia empleada de Normalización Lingüística llevó al Concello a los tribunales para que se le reconociese una nueva categoría profesional, tal y como informó Oubiña. El fallo, de 2019, reconoce el carácter indefinido no fijo de la trabajadora al entender que hay un uso "fraudulento" de contratos temporales para obra o servicio cuando las funciones que se realizan son las ordinarias de un ayuntamiento.
