Las empresas de la costa paran inversiones y contratos hasta saber si cerrarán

El sector mar industria de la costa pontevedresa vive con "desasosiego" los cambios que está imprimiendo el Gobierno central en la regulación del litoral. La intención de retirar del dominio público marítimo-terrestre todas aquellas actividades que se puedan desarrollar tierra adentro y el establecimiento de un tope de 75 años para los permisos de ocupación está pasando una enorme factura al ramo. Y particularmente la incertidumbre de no saber a qué atenerse a corto o medio plazo, pues es la que provoca que las inversiones estén "paralizadas" y que "miles de empleos" se encuentren en la cuerda floja.

La Consellería do Mar advertía hace dos días a este periódico de que la "interpretación restrictiva" que está ejerciendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Ley de Costas de 2013 amenazaba la continuidad de 1.700 edificaciones situadas en la costa de la provincia, de las que cerca de 330 pertenecen a industrias y empresas.

El departamento ministerial, consultado en varias ocasiones sobre este asunto, ni confirma ni desmiente las cifras, pero quienes trabajan en el sector auguran que el saldo puede ser mayor.

Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores y Comercializadores de Moluscos (Agade), asegura que "hay preocupación en absolutamente todas las empresas que ocupan terrenos de dominio público marítimo-terrestre" por el giro de timón en el ordenamiento de la línea costera. El tope de 75 años que se plantea para todas las concesiones (incluyendo las prórrogas) es uno de los quebraderos de cabeza pero, según indica este portavoz, lo que más inquieta es la pretensión de retirar al interior todas las industrias que pueden sobrevivir en tierra. Una máxima que pone contra las cuerdas a todo tipo de empresas y que prácticamente solo dejaría a salvo "las bateas".

También puertos. La angustia ha cobrado intensidad a raíz de un reciente informe que emitió el Ministerio en respuesta a la petición de modificación del plan especial de ordenación del Puerto de Tragove (Cambados). En ese documento la Dirección General de Costas se acoge a la Ley de Costas de 1988 para señalar que tres depuradoras que funcionan en la rada no son necesarias "para el desarrollo de la actividad portuaria" y que "pueden tener otra ubicación" fuera del dominio público marítimo-terrestre, así como la Plaza de Abastos el centro de salud, la estación de autobuses, un taller de carpintería y una mueblería del puerto cambadés.

La Dirección General aseguró después que ninguna de estas instalaciones tenían "nada que temer" pero para Agade el dictamen "deja claro que quieren retirar cualquier actividad económica de la costa, les importe o no que la necesiten para realizar una actividad que lleva arraigada en Galicia cientos de años".

Fariña interpreta, además, que este posicionamiento abre la puerta a la regulación de empresas portuarias que hasta ahora son ordenadas por la Xunta y que el cuestionamiento que se plantea sobre las ubicaciones de las depuradoras de Cambados "es extrapolable al resto de puertos gallegos".

Solución. Para el presidente de Agade "entender que una depuradora de marisco o un cocedero de mejillón tiene que estar alejado de la costa es desconocer la realidad social y económica de Galicia". Y llevarlo a término implica la condena del sector, ya que muchas sociedades se verán en la tesitura de "cerrar o trasladarse fuera de Galicia", lo que implicará la pérdida "de miles de empleos".

Según advierte, un cocedero de moluscos consume "casi la misma agua que la población de un ayuntamiento" y "pretender llevar una depuradora al interior es una auténtica locura. Para ello cada empresa debería movilizar al año 100.000 camiones con agua salada para luego tener que enfriarla y volver a retonarla al mar".

La aplicación "hiperrestrictiva" de la normativa y la incertidumbre que planea sobre el gremio hace que "muchos proyectos" del sector del mar industria estén "paralizados". Más aún en el caso de las compañías que están esperando un pronunciamiento del Ministerio sobre si sus concesiones se pueden renovar o no. "Hay empresas que tienen sus renovaciones en el limbo y otras con expedientes en Madrid que están sin resolverse desde hace años".

¿Solución? Si hay que priorizar, Fariña aboga por clarificar el marco jurídico y por "reconocer la realidad que tenemos aquí. Lo que no se puede hacer es legislar desde la Castellana".

"Satisfacción" por el fallo del TSXG que cambia el cómputo de las prórrogas

A pesar de que el sector vislumbra más oscuros que claros en el horizonte, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha marcado un punto de inflexión en la regulación de las concesiones tras reconocer a la empresa Stolt Sea Farm su derecho a contabilizar el tiempo de prórroga desde la solicitud de la misma y no desde el inicio de la concesión, como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica.

Como consecuencia, la compañía firma podrá mantener activa su piscifactoría de Quilmas (O Pindo) hasta el año 2069. Y en la opinión de Javier Touza, vicepresidente de la Federación Española de Organizaciones Pesqueras y de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, es un motivo "para estar enormemente satisfechos".

"Lo óptimo sería que el Supremo fijase ahora jurisprudencia para dar más estabilidad al sector"

Por un lado, por sentar un precedente en el cómputo de las prórrogas y, por otro, por considerar que a las instalaciones de acuicultura no les corresponde una rebaja de las concesiones, porque "lo que está en dominio público son las canalizaciones, algo que creaba una enorme discrepancia en nuestro sector".

La sentencia no es definitiva, pero para Touza significa "un avance importante que favorece la seguridad jurídica". Lo que pide ahora es que "el Supremo fije jurisprudencia con estas argumentaciones para dar más estabilidad".

Greenpeace: "75 años es plazo suficiente para buscar otra ubicación"

Greenpeace, uno de los colectivos ecologistas que denunció la prórroga de 60 años concedida a Ence junto a la APDR y el Concello, considera que la "lentitud con la que se ha aplicado la Ley de Costas de 1988 es histórica" pero que, en cualquier caso, la puesta en práctica de la normativa medio ambiental "siempre será bienvenida".

La portavoz de la organización, Pilar Marcos, considera que "las empresas que están ocupando dominio público marítimo-terrestre y que por su naturaleza pueden no estar en el litoral" disponen de un plazo de hasta "75 años" que considera "suficiente para que busquen otra ubicación". Sobre todo en el caso de la ría gallega, donde estima que "hay una especial afección del cambio climático, que elevará el nivel de mar".

Marcos incide, además, en que la Ley de Costas de 2013 (que reformó la de 1988) "dio voz a todas las empresas de la costa, pero no así a los titulares de viviendas que no pidieron pleitear" y para los que pide "que se garantice una alternativa".

APDR. El presidente de la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), Antón Masa, recuerda que el tope de 75 años que se plantea para las concesiones (incluidas las prórrogas) parte de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003. Y añade que la Ley de Costas de 2013 "foi reformada polo PP para favorecer ás empresas", pero dejando intacto el artículo 2 de la Ley anterior (de 1988), en el que se veta la permanencia de las compañías que pueden funcionar fuera del litoral.

Además, indica que dentro del sector mar industria hay instalaciones reguladas por la Lei de Pesca. Entre ellas, alude a "depuradoras, concesións de marisqueo ou bateas, cuxas prórrogas foron limitadas pola Xunta de 50 a 30 anos. Non poden atribuír todo a unha aplicación restritiva da Ley de Costas".