La Dirección General del Catastro ha iniciado el envío masivo de cartas a los vecinos de Pontevedra que hasta ahora no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por sus galpones, gallineros y piscinas. En ellas se hace constar la obligación de pagar una multa de 60 euros y el abono de los últimos cuatro años de la tasa en concepto de atrasos, correspondientes a los ejercicios de 2017,2016, 2015 y 2014.
El portavoz del Concello, Raimundo González Carballo, que confirmó este lunes esta noticia por vías no oficiales, calcula que el número de afectados por las inspecciones llevadas a cabo el año pasado por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda podría llegar hasta los 6.000.
El edil nacionalista reiteró que Pontevedra ayudará a los contribuyentes a presentar las reclamaciones oportunas contra el denominado catastrazo. Pero antes de ello, aconsejó a los afectados acudir a las oficinas de esta institución para conocer con más detalle sus casos. "Cómpre ir alí a recoller toda a información porque pode haber confusións", dijo en referencia a la posibilidad de errores en la medición o catalogación de las instalaciones.
En paralelo a esta recomendación, el Gobierno local dio orden a los servicios técnicos de iniciar el proceso para contratar a una empresa para asesorar a los vecinos que quieran presentar alegaciones por los inmuebles dados de alta por Hacienda. González Carballo espera que en el plazo de una semana sea efectivo el contrato y pueda empezar a prestarse este servicio de atención.
Una empresa se encargará de asesorar a los vecinos en sus alegaciones contra el catastro. Se valora habilitar una oficina en el Pazo
La idea inicial es utilizar el Pazo da Cultura de Pontevedra como oficina para asistir a los contribuyentes. Estos deberán acudir al edificio municipal en un horario concreto, aún sin determinar.
A pesar de la puesta en marcha de este servicio, muchos vecinos se verán obligados a asumir la sanción del Catastro. Uno de los factores que juega en contra de los afectados es el tiempo, porque en teoría se fijaría un plazo de 15 días para la presentación de las oportunas reclamaciones.
González Carballo manifestó este lunes su rechazo a la revisión realizada por el Ministerio. Considera que existen construcciones agrícolas tradicionales, como los galpones, que deberían gozar de una amnistía fiscal. "Fixéronse para gardar leña ou aparellos de labranza. Non ten sentido gravar este tipo de bens", subrayó.
El portavoz municipal y responsable de Facenda afirma, por otra parte, que las altas en el IBI no supondrán grandes ingresos para el Concello. "A repercusión recadatoria será mínima. Será de dez ou 15 euros por veciño", apuntó el edil, que recordó también que algunas de las instalaciones que se regularicen, las de menor tamaño, no pagarán el impuesto en Pontevedra al estar exentas.
OTRAS REVISIONES. El concejal del BNG considera que la inspección estatal solo tiene una finalidad: enfadar a los contribuyentes. "O único que logramos é cabrear ó cidadán", añadió.
Pontevedra, que hasta ahora no cobraba el IBI a piscinas y construcciones agrícolas, ha llevado a cabo varias revisiones del padrón municipal a lo largo de los últimos años para evitar fraudes. Las realizadas entre 2012 y 2017 le permitieron recaudar 2,8 millones de euros y dar de alta 3.339 inmuebles ampliados o reformados.
