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"Si te prohíben hacer algo tiene que haber una compensación, es lo que reclamamos"

Atilano Vázquez. DP
Atilano Vázquez. DP
El despacho Cremades & Calvo-Sotelo lleva a nivel nacional una demanda jurídica de los hosteleros para reclamar una indemnización por los períodos de cierre

Un proceso judicial que probablemente llegue hasta el Tribunal Supremo. Es el itinerario que marca el abogado Atilano Vázquez para los hosteleros que buscan en la justicia una salida a la situación de crisis derivada de la pandemia. Empresarios del sector en la ciudad ya estudian sus estrategias, que comenzarán con una reclamación administrativa para luego, tras seis meses de plazo, iniciar la batalla judicial.

¿Qué posibilidades hay para que los hosteleros reclamen ante la justicia indemnizaciones por los períodos de cierre? Hablan del concepto de lucro cesante.

La línea argumental habrá que perfilarla más adelante, básicamente será ese lucro cesante, una compensación derivada de que a la gente no le permitan ejercer derechos fundamentales como una profesión o la libertad de empresa. Si te prohíben hacer algo tiene que haber una compensación. Aquí no se está cumpliendo y eso es lo que vamos a solicitar por vía judicial. Todo esto con fundamentación jurídica derivada del propio decreto de estado de alarma y otras normas que ya regulan, para, por ejemplo, casos de expropiación, que tiene que haber una compensación económica. Esa compensación tendrá que valorarla cada uno de los tribunales, cada hostelero tendrá que exponer su situación comparando la facturación de ejercicios anteriores con la de 2020. A partir de ahí, habrá que solicitar una reclamación proporcional. Si han tenido alguna ayuda de la Administración en ese tiempo, también habrá que descontarlo porque no van a cobrar dos veces lo mismo. 

¿Por cuánto tiempo podría dilatarse todo el proceso judicial?

La vía administrativa tiene una duración de seis meses y luego se iniciará el procedimiento judicial. Llegará al Supremo y estamos hablando de años. La idea es que de todo esto pueda abrirse una negociación con el Estado. Lógicamente, si atiende total o parcialmente las peticiones del grupo de afectados habrá que estudiar la oferta. Si no es así, habrá que esperar a la última instancia porque seguramente habrá recursos y lo normal es que el tema llegue al Supremo.

eeeeeSerían demandas individuales pero dirigidas en una misma dirección. Explique este punto.

En España, seguramente dentro de no mucho tendrá que haber fundamentación jurídica sobre las demandas colectivas. Ahora mismo no la hay, entonces son procedimientos que se inician de forma individual. Lo que pasa es que cuando lleguen a los tribunales , por cuestiones de economía procesal, estos no van a notificar a 10.000 sujetos. Por eso, lo que se suele hacer, para economizar el papeleo, es juntar todas las reclamaciones y se le llama demanda colectiva. Es el mismo supuesto pero cada uno tiene sus circunstancias. No es lo mismo un hostelero con tres millones de facturación que el que tiene un bar con un empleado, aunque todo terminará de forma colectiva, con una solución para todos.

¿Qué coste va a tener para un hostelero enfrentarse a todo este proceso?

Para este tema en concreto, el despacho ha tratado de que no haya una barrera económica y que la gente no se quede sin reclamar sus derechos. En nuestro caso tendrá un coste de 200 euros más IVA y un porcentaje a éxito, si se consigue un resultado positivo.

La idea es que pueda abrirse una negociación con el Estado, y atienda total o parcialmente las reclamaciones

Hace unos días también salía una sentencia que obligaba a una aseguradora a compensar por el cierre a un local de restauración acogiéndose a una de las cláusulas del contrato. Puede ser otra vía.

Es algo que tener en cuenta pero no tiene que ver con lo que se está gestionando ahora. Es una vía más, paralela, que habrá que ver en los contratos del seguro para comprobar si hay cobertura de perjuicios por un cierre. Esta es una opción y seguro que también llega al Supremo. Da un aliciente y habrá que revisar los contratos que tiene firmado cada uno.

Otra opción es, como en el País Vasco, que la Justicia permita la reapertura de la hostelería contra los decretos de los Gobiernos autonómicos. ¿Es factible en Galicia?

Lo del País Vasco son medidas cautelares, lo que quiere decir que no se ha llegado al fondo del asunto, simplemente que el juzgado considera que el perjuicio que se pueda ocasionar durante el tiempo que lleve la tramitación de esa demanda es muy grande porque, quizás, cuando se resuelva el asunto, ya no queda hostelería. Ante ese peligro considera que es preferible restablecer la apertura. La intención es generar el menor daño posible, independientemente de que después esta demanda pueda perderse. Eso puede ser replicable en otros sitios, pero hay que saber que, de momento, estamos hablando de medidas cautelares.

¿Han recibido ya en su despacho muchas peticiones de empresarios del sector para asesorarse ante la posibilidad de denunciar?

La plataforma lahosteleriaesdetodos.org, que aúna a empresarios del sector de toda España, ha contratado al despacho Cremades & Calvo-Sotelo a nivel nacional para la defensa jurídica de este asunto. A partir de ahí se están sumando nuevas personas y colectivos día a día. Este asunto está ahora mismo en plena ebullición. Tratamos de contactar con asociaciones para que sean colectivos amplios. Se trata de aglutinar al mayor número posible de afectados ara tener más fuerza en la reclamación. Este tampoco es un tema que se pueda dilatar en el tiempo, hay que hacerlo ya. El 14 de marzo de se cumple un año del primer estado de alarma y en lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial de la Administración hay que tener cuidado con los plazos.

"Si te prohíben hacer algo tiene que haber una compensación, es lo...
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