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La prórroga de Ence cumple cinco años

Imagen que presenta ahora Ence tras las obras de integración paisajística que culminaron en 2019. DAVID FREIRE
Imagen que presenta ahora Ence tras las obras de integración paisajística que culminaron en 2019. DAVID FREIRE
El futuro de la pastera sigue en manos de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si la concesión otorgada en enero de 2016 fue legal ►El permiso de Costas agitó el avispero político y dio aliento a la plantilla. "Foi unha tranquilidade", recuerda el ahora presidente del comité

El futuro de Ence también se escribió un día de San Sebastián, patrón de la ciudad de Pontevedra. El 20 de enero de 2016, la entonces directora general de Costas, Raquel Orts Nebot, firmaba la resolución que otorgaba a la pastera una prórroga de 60 años para mantener su actividad industrial en Lourizán. Su contenido se hizo público cinco días después y provocó una tormenta política en todo el Estado porque la moratoria se había concedido durante el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy (PP).

"Aquela prórroga foi unha tranquilidade para nós e para as nosas familias. Deunos seguridade saber que poderiamos ter continuidade en Pontevedra", recuerda el ahora presidente del comité de empresa, Toño Lafuente, de la CIG.

La moratoria amplió la vida de Celulosas hasta el 8 de noviembre de 2073 después de que la compañía se acogiese a la reforma de la Ley de Costas aprobada por Rajoy. Esta situación derivó en movilizaciones a favor y en contra y abrió la guerra judicial por la permanencia de la planta.

El freno a las inversiones en Lourizán tras la decisión del Gobierno de no defender la prórroga en los tribunales preocupa a los trabajadores

La única causa que en la actualidad pone en peligro la concesión de Ence se discute en Madrid. La Audiencia Nacional deberá dictar sentencia sobre los tres recursos presentados por el Concello de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) y Greenpeace y resolver si la prórroga otorgada hace cinco años es legal o no.

Aquel dictamen de Costas obligó a Celulosas a cumplir con una serie de requisitos y compromisos, como el abono al Tesoro Público de un canon anual de 1.575.730,13 euros por la ocupación de 373.524 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre en Lourizán. Era la primera vez que la compañía tenía que pagar un peaje por estar en suelo protegido.

El pliego de condiciones de la prórroga también le daba a Ence un plazo de dos años para ejecutar un plan de mejoras. Entre ellas figuraba la construcción de una nueva depuradora para reducir el consumo de agua del Lérez; la eliminación de olores, ruidos, vapores y humo y un proyecto integración paisajística para que el impacto visual del complejo industrial fuera menor. Este último culminó en 2019, después de lo previsto. El incumplimiento de los plazos conlleva la reducción de la concesión en diez años, de 60 a 50.

CC OO mantiene la protesta de mañana en la Deputación contra la Ley de Cambio Climático. La movilización genera división sindical

En su dictamen, el Ministerio de Medio Ambiente le puso más deberes a Celulosas: la supresión de las balsas de decantación. Precisamente la zona que ocupan estas estructuras es hacia donde la Xunta quiere ampliar la depuradora de Os Praceres, un proyecto al que se opone el Concello.

450 TRABAJADORES. El futuro de la "biofábrica", que es el término que Ence emplea desde 2018 para referirse a su centro de operaciones de Lourizán, podría resolverse antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez modifique el reglamento de Costas, con el que se pretende que ninguna empresa pueda ocupar dominio público durante más de 75 años. Este cambio de criterio legal pondría en entredicho la prórroga en vigor, acortando la misma.

La tramitación de la nueva Ley de Cambio Climático ha reactivado las movilizaciones. Comisiones Obreras mantendrá la protesta de este viernes frente a la Deputación, a la que están citados trabajadores y auxiliares, a pesar de la división sindical por su convocatoria.

Pese a todo, la anulación de la concesión está en manos de la Audiencia Nacional. La decisión del Estado de no defender en los tribunales la moratoria otorgada en 2016 genera preocupación en Lourizán. La plantilla, formada por 450 personas, asegura que desde que el Ejecutivo central anunciase en 2019 el allanamiento en la causa que dirime la continuidad de la pastera, ha frenado sus inversiones en Pontevedra.

PROTESTAS A FAVOR Y EN CONTRA


2016. Marcha contra la moratoria

Ence - 2016. Marcha contra la moratoria

El 29 de enero de 2016, tres días después de que se hiciera pública la prórroga a Ence, una multitudinaria manifestación recorrió la ciudad contra la continuidad de la pastera. rafa fariña


2019. La tensa investidura de Lores

Ence - 2019. La tensa investidura de Lores

Trabajadores y auxiliares de Ence protestaron en la investidura de Miguel Anxo Fernández Lores como alcalde de Pontevedra. Las críticas se dirigieron a BNG y a su socio, el PSOE. rafa fariña


2021. Contra la Ley de Cambio Climático

Ence - 2021. Contra la Ley de Cambio Climático

Empleados de Ence retoman las movilizaciones contra la Ley del Cambio Climático, al entender que perjudica la continuidad de la fábrica. CC OO lidera las protestas. javier cervera-mercadil

El adiós de la clorera. Elnosa finalizará su desmantelamiento este semestre
Elnosa inició en abril del año pasado su proceso de desmantelamiento, que prevé finalizar este semestre. Lo hizo después de que en 2018 la Administración General del Estado confirmase la caducidad del permiso del que disfrutaba para mantener su actividad en Lourizán. Los informes estatales ratificaron la ocupación ilegal de terrenos protegidos y la transmisión irregular del accionariado cuando la planta se vendió.

La Dirección General de Costas concluyó que el traspaso de la concesión que Ence hizo en su día a la clorera fue ilegal. Y el motivo es que la empresa química no tenía derecho a heredar el permiso para ocupar suelo de dominio público marítimo-terrestre en Lourizán cuando Celulosas vendió la planta a la compañía portuguesa Quimigal, que luego adoptó el nombre de CUF, y, más tarde, el de Bondalti.

Tres millones de euros
El desmontaje y la descontaminación de los terrenos que ocupaba Elnosa le costará tres millones de euros a Bondalti.

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