El acuerdo sellado la semana pasada entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los Erte hasta el 31 de mayo ha supuesto un alivio para muchas empresas que han recurrido a esta figura para hacer frente a la bajada de ingresos provocada por las consecuencias de la pandemia. De hecho, solo en el mes de diciembre se acogieron a expedientes de regulación temporal de empleo 947 negocios más en la provincia, lo que sumó a otros 2.753 trabajadores al listado de los que ya están parcialmente en paro.
Estas nuevas adhesiones dejan las cifras totales de Erte en Pontevedra en 4.102 empresas y 12.338 personas. Los datos son del 31 de diciembre, últimos disponibles en los registros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero las previsiones apuntan a que seguirán aumentando tras las nuevas restricciones impuestas a causa del aumento de contagios y tras la posibilidad ofrecida por el Ejecutivo para alargar los expedientes durante cuatro meses más. Al menos, según las condiciones incluidas en el pacto con la patronal y los sindicatos, la prórroga respeta ventajas como mantener el contador a cero en la prestación por desempleo hasta 2022, la imposibilidad de despedir en los seis primeros meses tras el fin del Erte, la ampliación de las exoneraciones y el mantenimiento de la cuantía de las prestaciones.
PORCENTAJE. De acuerdo con las últimas estadísticas que maneja el Ministerio, casi cuatro de cada diez empresas gallegas en Erte son pontevedresas (exactamente, el 37,5% del total de Galicia) y en esta provincia la mayoría de las personas en dicha situación son mujeres (7.205), frente a 5.133 hombres, un hecho que agrava la mayor precariedad y la brecha salarial que ya sufrían ellas antes de la aparición de la Covid-19.
CE Consulting Pontevedra
"El 20% de nuestros clientes ha solicitado acogerse a un Erte y hay algunas empresas que ya van por el cuarto"
Analizando las cifras más pormenorizadamente, del total de firmas adheridas a un expediente de regulación temporal de empleo en Pontevedra, bastante más de la mitad (2.480) lo están en base al Real Decreto Ley 30/2020, que incluyó, entre otras medidas, la posibilidad de tramitarlos por impedimento o limitación de la actividad, una situación que afecta especialmente a sectores como la hostelería, donde la restricción de horarios y de aforos limita notablemente sus posibilidades de trabajar. Desde este miércoles, esas prohibiciones serán aún mayores, al reducir su actividad a los servicios a domicilio, la comida para levar y los comedores de empresas.
De hecho, son las firmas de hostelería las que más se están acogiendo a Erte, tal y como demuestran los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así lo indican también en muchas de las gestorías que están tramitando estos expedientes y que a lo largo de los últimos trimestres han visto multiplicado su trabajo.
Gestoría Sáez
"La hostelería es la que más expedientes tramita, pero también el comercio, porque los cierres perimetrales lo limitan"
Según explicaron en CE Consulting Pontevedra, situada en Benito Corbal, el 20% de sus clientes han solicitado acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo, "y hay algunas de estas empresas que ya van por el cuarto", porque se han ido sucediendo diferentes formas de aplicación, "como los de limitación o impedimento". "El sector más afectado es el de los hosteleros. En el comercio, en cambio, muchas empresas han estado levantando los Erte ya desde antes de Navidad", indicaron.
En Gestoría Sáez, en la calle Sagasta, señalaron que los hosteleros son los que más demandan gestiones relacionadas con estos casos, "pero también los comercios porque los cierres perimetrales de las ciudades les restan bastantes clientes y provocan que su actividad se resienta". En el caso de esta firma "en el primer confinamiento, en marzo, el 80% de la clientela pidió Erte porque casi todas las actividades estaban obligadas a parar, pero ahora el porcentaje es mucho menor".
Solicitan ayudas urgentes para el comercio minorista y las pymes
La Federación de Comercio de Pontevedra ha entregado una carta a la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández Tapias Núñez, y al director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia Pérez, solicitando al Ejecutivo gallego una serie de medidas destinadas a ayudar al sector comercial, peticiones que la entidad hace extensivas también a la Deputación, a los concellos de la provincia y al Gobierno central.
Entre otras cuestiones, pide la exención de las tasas municipales (basura, agua, vados e IBI) durante la pandemia y que las administraciones exijan a los bancos flexibilidad para conceder ampliaciones de los créditos ICO. También solicitan que las empresas y autónomos que no estén al corriente con la Administración puedan optar a las ayudas, siempre y cuando demuestren que esas deudas se produjeron por motivo de las restricciones aprobadas para el control de la Covid.
Otras peticiones son de ayudas por la pérdida de beneficios debido al cierre perimetral de las ciudades, programas que incentiven el consumo en el comercio de proximidad y que las cuotas de autónomos se bajen en función de las horas trabajadas debido a la reducción del horario de apertura.
"El comercio local y de proximidad es el pulmón económico de la actividad empresarial de la provincia", señala la Federación pontevedresa, que engloba a un total de 25 asociaciones.
