La empresa Ence ha vuelto a señalar este lunes, después de que el PSOE formalizase una denuncia contra la fábrica en Pontevedra, que "el extracto de la intervención del CEO de la empresa, grabado ilegalmente, no debe de ser descontextualizado". Asimismo, defiende que el complejo en la Ría pontevedresa es "seguro".
El portavoz municipal del PSOE en Pontevedra, Tino Fernández, acompañado por el abogado Pedro Hermida Paredes, han acudido este lunes al registro de los juzgados de A Parda para formalizar su denuncia ante la Fiscalía para que investigue al Grupo Ence por supuestos delitos medioambientales, contra la salud de las personas y por amenazas. El grupo municipal del Partido Socialista ha decidido denunciar ante la Fiscalía "las gravísimas y alarmantes" declaraciones recogidas en video en las que el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares y Brunet, "advierte de la existencia de riesgos medioambientales y para la salud de las personas por la obsolescencia de la maquinaria de la factoría de Lourizán". La Fiscalía abrió de oficio su propia investigación.
En un comunicado, la compañía señala que estas manifestaciones deben entenderse como "parte de unas palabras dirigidas internamente, en lenguaje coloquial, no formal, al conjunto del equipo humano de la empresa". Así, señala que este extracto, de cerca de cuatro minutos de duración, "es parte de una intervención de más de tres cuartos de hora". "Estas palabras, sacadas de su contexto, no reflejan el sentido ni el significado de las citadas declaraciones, que sí quedaron adecuadamente explicadas en el conjunto de la intervención", apunta la empresa, que afirma que el complejo de Ence en Pontevedra "es totalmente seguro".
Como muestra de ello, la empresa situada en Lourizán alega la certificación de Aenor, que acredita "el cumplimiento de la norma internacional ISO 45.001 por parte de la planta, por su robusto sistema de gestión de la seguridad". De hecho, los índices de seguridad de Ence Pontevedra son, año a año, "diez veces mejores que los de la industria en España", afirma la compañía.
En el mismo comunicado, Ence defiende que la planta "es inspeccionada periódicamente —con resultados satisfactorios—" por organismos de control autorizado por la Administración del Estado en los diferentes ámbitos de aplicación de la reglamentación de seguridad industrial.
La compañía tiene, además, el reconocimiento High Risk Protected por "la más prestigiosa compañía de seguros norteamericana, especialista en celulosa", un hito que la planta ha alcanzado "como consecuencia de las fuertes inversiones ejecutadas en esta instalación desde el año 2016, de 132 millones de euros", reivindica la empresa.
TINO FERNÁNDEZ. Frente a la versión de la compañía, el teniente de alcalde de Pontevedra cree que Ignacio de Colmenares "dijo lo que dijo sabiendo lo que decía porque es el presidente del grupo". Lamenta que la "fábrica no está actuando con limpieza informativa, ni en eso ni en nada" ya que, a su juicio, "lleva 'embarullando' el terreno de juego desde hace tiempo" en relación con la Ley de Transición Ecológica y la concesión que la fábrica pastera tiene para permanecer en la ría.
Fernández ha subrayado que lo que le preocupa "son los puestos de trabajo". "Luchamos para que no cierre y que se traslade", ha afirmado. Sin embargo, "parece que es la fábrica la que no tiene interés para el traslado en la comarca y sí para más lejos".
En este sentido, ha señalado que la empresa "amenaza a todo un Gobierno", pues Ence está empleando una "utilización torticera de un argumento falso para sacar un mayor rédito económico o empresarial". Para Tino Fernández, "Ence tiene un problema, que es la Audiencia Nacional y tendrá que resolverse con la sentencia que se emita". "El tema está judicializado y ahí se determinará el alcance de la concesión", en referencia al caso que se lleva en ese tribunal sobre la concesión a la permanencia en la ría hasta 2073 otorgada por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016.
De cara al futuro, Tino Fernández ha indicado que el Ayuntamiento quiere que Ence se marche de Lourizán, pero que permanezca en la comarca y que los puestos de trabajo sean garantizados por la empresa, a quien le reclama sentarse con el personal para explicarles "la verdad de la situación".
Al mismo tiempo, el portavoz del PSOE pide al comité de empresa que exija responsabilidad a la dirección de la pastera. A la Xunta de Galicia le reclama que deje de ejercer como "delegación de la empresa y actúe como administración y tome las medidas oportunas de investigación". "No vale con fotocopiar las notas de prensa de Ence, tiene una responsabilidad importante y debe cumplirla", ha concluido.
INVERSIONES A LARGO PLAZO. En su comunicado, Ence añade que la industria de la celulosa es intensiva en capital y exige constantes inversiones para modernizar y actualizar los equipos, que deben estar siempre en perfecto estado y adaptados a los requerimientos, cada día más exigentes. Dichas inversiones "solo pueden amortizarse si se dispone de un horizonte temporal suficiente por delante y 2033 no lo es". En caso de aprobarse según su redacción actual el artículo 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático "estas ingentes inversiones no podrían realizarse", por lo que la empresa vuelve a advertir de que en este caso "se vería obligada a cerrar, antes que perder la senda de la competitividad y la total seguridad".
Ence afirma que "no existe ninguna ubicación alternativa viable desde el punto de vista técnico" —cerca de un puerto, agua, madera—, ni económico, "dada la ingente inversión, cercana a 700 millones de euros, que requeriría construir una nueva planta en Galicia", para construir una nueva fábrica de celulosa en Pontevedra ni en toda la comunidad gallega.
La compañía subraya que "tiene grandes planes de crecimiento, expansión y excelencia medioambiental" depositados en la fábrica de Pontevedra, la cual "genera 5.100 empleos, de los cuales 400 son empleados de plantilla fija". Cerca de 2.100 de estos empleos se desarrollan en el ámbito forestal y los 2.700 restantes pertenecen al área industrial y a otras actividades derivadas del aprovechamiento, transporte y transformación de la madera, señala.
MEJORA DE LAS TARIFAS. Precisamente, la empresa ha anunciado una mejora de sus tarifas de madera dirigida a los propietarios forestales, "como muestra de su firme compromiso con el sector" y, desde este mes de marzo, eleva sus tarifas y la dota de "mayor estabilidad". Ence apunta que las sucesivas olas de la covid-19 generaron "inestabilidad y problemas en el mercado", lo que incrementaron los costes de producción y dificultando la compra de madera. Sin embargo, desde principios de este año, se puede asistir a una subida del precio de la celulosa y la empresa ha decidido, en este sentido, "tomar medidas para mejorar la sostenibilidad de la cadena de producción, mediante un cambio en la estructura de precios", que entró en vigor el 1 de marzo.
La primera mejoría consiste en adelantarse a una posible subida de las primas, incluyendo desde marzo esa hipotética subida, incrementando la base fija. La segunda, es la reducción de la variabilidad por el precio internacional, fijando la tarifa en el rango alto y dando mayor estabilidad al precio.
Las dos mejoras se consiguen aumentando 4 euros por tonelada la tarifa base y cambiando la prima indexada al precio de celulosas —que en febrero estaba en 2 euros y podía variar entre -2 y +7 por tonelada—, pasándola a 1,5 euros, pudiendo variar en el rango de 0 a 3 euros.
