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Los pulpeiros rechazan que sea ilegal vender en la calle y reclaman "comprensión"

Una pulpeira recogiendo a primera hora de la tarde de este miércoles su puesto ambulante en el centro de Pontevedra. DP
Una pulpeira recogiendo a primera hora de la tarde de este miércoles su puesto ambulante en el centro de Pontevedra. DP
Lamentan las denuncias del fin de semana y piden que el sector sea regulado

La Asociación Galega de Ambulantes reclamó este jueves a las administraciones la regulación de la venta ambulante de pulpo. Su presidenta, Marga González, lamenta la polémica que se ha generado en torno a la actividad de los pulpeiros. "Nós non pensamos que estean a cometer ningunha ilegalidade porque pagarán os seus autónomos e os seus impostos", señaló la máxima responsable de este colectivo.

La organización entiende que pueda haber particulares u hosteleros con este molusco cefalópodo en su oferta gastronómica que puedan sentirse molestos, pero recuerda que "hai outras cousas máis ilegais que xente vendendo na rúa ao lado dos bares". "As persoas que venden allos ou pulseiriñas non pagan nada. E a eses non se lles di nada", explica González.

La venta de pulpo en la calle no está amparada por ninguna normativa autonómica y, en Pontevedra, la ordenanza municipal tampoco hace referencia a estos negocios, que llevan montando sus puestos en la ciudad desde hace décadas.

Tanto la Xunta como el Concello se pasan la pelota sobre quién debe ser la administración que dé el primer paso para la regulación del sector, que en otros municipios gallegos sí cuenta con sus propias normas. Entre ellos, el de Ourense.

INFRACCIONES. A pesar de las tres denuncias que la Policía Local interpuso el pasado fin de semana contra tres pulpeiros por ejercer su actividad de forma irregular, el Concello de Pontevedra asegura que no piensa "actuar de oficio contra los trabajadores". Solo en caso de que exista una denuncia previa ante la autoridad, que está obligada a levantar el correspondiente parte, se procederá de esta manera

El expediente tiene que ser examinado a posteri por el servicio de Disciplina Urbanística, que es el que debe determinar si la infracción es constitutiva de sanción económica. La ordenanza de venta ambulante en Pontevedra, de 1997, establece multas de hasta 600 euros para las infracciones muy graves.

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