Uno de los momentos más duros para un agente antidroga de la Guardia Civil que se juega la vida en el ejercicio de su profesión ocurre cuando se percata de que su compañero se la está jugando. Esto es lo que sucedió en el año 2013, cuando los especialistas del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Comandancia de Pontevedra y sus colegas del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) con base en el mismo acuartelamiento supieron de las andanzas de Javier L.S. y Diego F.C., que por aquel entonces formaban parte de las citadas unidades del Instituto Armado.
Cuatro años y medio después y tras una laboriosa investigación liderada por el exfiscal Antidroga Luis Uriarte los dos presuntos topos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusados de revelación de secretos y narcotráfico, después de transmitir miles de archivos confidenciales a algunas de las principales organizaciones mafiosas de las Rías Baixas.
En la trama, que incluía la filtración de datos sobre investigaciones en marcha, de fechas previstas para las detenciones e incluso de archivos personales de los propios agentes antidroga (como sus direcciones y teléfonos), participaba, según el Ministerio Público, una tercera persona: Juan Carlos S.N., "vinculado policialmente al narcotráfico", que actuaba de enlace entre los agentes corruptos y los grupos dedicados a la introducción de estupefacientes en Galicia.
El escrito de acusación que presentó la Fiscalía para el juicio que comienza este martes y que se desarrollará durante toda la semana acota a seis meses el delito atribuido a los tres acusados, entre enero y julio de 2013. Sin embargo, este periódico ha podido saber que existen claros indicios de que los citados guardias corruptos estuvieron filtrando información confidencial a los narcotraficantes gallegos durante al menos cinco años, lo que provocaba constantes fracasos en investigaciones de meses, o incluso de años de duración, cuando estaban a punto de fructificar.
LA TRAMA. El fiscal Antidroga explica en su escrito de acusación que los tres encausados "formaban parte de un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de información secreta y datos personales que obraban en poder de la Guardia Civil para el desarrollo de investigaciones policiales, fundamentalmente en materia de narcotráfico, y su posterior revelación a terceras personas, los afectados por tales investigaciones".
Luis Uriarte explica que fue "en el mes de febrero de 2013 cuando se descubrieron las primeras fugas de información", aunque, como se ha dicho, las filtraciones existían desde años atrás.
LOS PERSONAJES. El relato del fiscal explica con claridad la función de cada uno de los personajes que conformaron una trama más propia de una película que de la realidad. Así, J.L.S., integrante, como se ha dicho, del ECO Galicia, "se encargaba de sustraer información sensible que obraba en los sistemas informáticos de la citada unidad policial".
Diego F.C., por su parte, hacía una labor similar a la de Javier L.S., aunque en su caso en el seno del EDOA. Además, "se encargaba de difundir los datos sustraídos por ambos entre personas ajenas a la Guardia Civil". Uriarte explica que esta difusión la realizaba directamente a los narcotraficantes, en algunas ocasiones, y a través del tercer acusado, Juan Carlos S.N., en otras.
LAS FILTRACIONES. En cuanto a los datos concretos que llegaron a poder de los narcotraficantes y que serán puestos sobre la mesa desde este martes en la sala cuarta de la Audiencia Provincial, el fiscal ha podido acreditar una docena de ellos.
La primera filtración, por orden cronológico, se produjo a finales de enero de 2013. En ella, el agente supuestamente corrupto del ECO Galicia se hizo con una imagen en la que aparecía un grupo de narcos que "llegó a gestionar varios envíos de cocaína que alcanzaron la cantidad aproximada de 1.000 kilos". La fotografía llegó a manos de los investigados, que, "como consecuencia de ello, extremaron sus medidas de seguridad, al conocer que estaban siendo investigados por la Guardia Civil".
Ese mismo trabajo policial, que siguió activo pese a las filtraciones, acabó siendo frustrado en junio, cuando el ECO tenía previsto efectuar las detenciones de los sospechosos. En el momento en el que eran inminentes, Javier L.S. informó a Diego F.C., que, a su vez, puso los hechos en conocimiento de Juan Carlos S.N. Los narcos "modificaron radicalmente sus actividades cotidianas, dejando de utilizar repentinamente todos los teléfonos móviles que usaban y desapareciendo de sus entornos habituales". Los arrestos no pudieron llevarse a cabo en aquel momento, si bien la pericia de los agentes les sirvió para, meses más tarde, desmantelar el grupo criminal que investigaban.
VENDIÓ A CONFIDENTES. Además de este tipo de filtraciones, Javier L.S. también se apoderó de un fichero informático con la relación de confidentes de la unidad policial en la que se encontraba destinado, "de especial sensibilidad y que se encontraba únicamente en poder del sargento y del teniente del grupo", según detalla el fiscal. Sin embargo, el acusado se las ingenió para acceder a los ficheros encriptados, "poniendo en grave riesgo la integridad física" de los citados confidentes al pasar los datos a los narcos.
Para esclarecer los hechos, los propios agentes de la Comandancia descubrieron el rastro de un pendrive que había sido utilizado en los ordenadores del ECO, en el domicilio particular de los agentes investigados y en el de Juan Carlos S.N. Además, hallaron más de 2.000 archivos en los equipos informáticos privados de los investigados.
Por todo ello, el fiscal pedirá penas de once años y medio de prisión para los agentes del ECO y del EDOA (cuatro por revelación de secretos y siete y medio por delito contra la intimidad cometido por funcionario en el seno de una organización), además de cinco años para el individuo vinculado policialmente al narcotráfico por revelación de secretos.
Además, solicita que los guardias sean inhabilitados para el empleo público durante el tiempo de la condena.
