El Supremo no tiene fecha para decidir sobre los recursos de Ence a la sentencia de la Audiencia Nacional que anula su prórroga en Pontevedra. Pero muy probablemente decidirá antes de que el Tribunal Constitucional adopte una posición sobre el recurso planteado por la Xunta a la Ley de Cambio Cimático.
Esta segunda sentencia pendiente también afectará a Ence, incluida entre las 232 empresas y 3.797 edificaciones gallegas (2.690 de ellas son viviendas) que el Gobierno gallego considera afectadas por la Ley de Cambio Climático.
En su artículo 20, esta ley varía los criterios mantenidos hasta ahora para gestionar la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, limitando a 75 años el máximo de cualquier concesión, incluidas sus prórrogas.
Este escenario dejaría a Ence fuera de la ría como muy tarde en 2033, con independencia de lo que diga el Supremo respecto a la legalidad o ilegalidad de la prórroga de 60 años aprobada en 2013 por el Gobierno de Rajoy. Esto sería así porque en esa fecha se cumplirían 75 años de estancia en la ría desde su instalación en 1958.
Fuentes jurídicas señalaron este sábado que esa decisión del Supremo podría tener una "clara influencia" en el análisis del Tribunal Constitucional sobre la confusión legal que la Xunta le achaca a la Ley de Cambio Climático, publicada en el BOE el 21 de mayo de 2021.
Según el Ejecutivo autonómico, esta ley sume en una "evidente inseguridad jurídica" a más de doscientas empresas de la cadena mar-industria que recortarán sus inversiones en Galicia y congelarán su crecimiento tanto industrial como de empleo mientras no despejen las dudas respecto a la posibilidad de continuar en sus actuales emplazamientos.
Si bien el Supremo no tiene plazos estrictos para tomar su decisión respecto a Ence, y cuando lo haga influirá únicamente sobre la validez de la última prórroga de la empresa, lo cierto es que marcará una jurisprudencia, en uno u otro sentido, que podría ser utilizada en todo o en parte por el Constitucional para decidir respecto al recurso de la Xunta o de cualquier otra entidad que cuestione la ley climática.
Protesta: el comité de empresa reclama más inversiones y garantías para los empleos
Miembros del comité de empresa de Ence realizaron el pasado jueves una concentración simbólica ante la fábrica de Ence para demandar de la empresa mayores inversiones y garantías para el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo.
La medida se desarrolló después de que Ence confirmase a los mercados nacionales e internacionales que tiene previstas inversiones por valor de 55 millones de euros en Pontevedra hasta 2027, de los cuales 40 se dedicarían, según aclaró la empresa, "a la mejora de la eficiencia y la excelencia operacional y medioambiental".
En la misma sesión, también aclaró que seguirá defendiendo la continuidad de la fábrica de Lourizán en los tribunales y que, ante un eventual cierre de la misma, están previstas inversiones por valor de cien millones de euros para ampliar la producción en Navia (Asturias) con nuevos productos derivados de la celulosa. Estos cien millones de acuerdo con la versión de la compañía, serían desviados a Pontevedra si la factoría mantiene su actividad.
