Un modelo a extender por toda la provincia

¿Quién va a pagar y gestionar la planta?

El edil Cesáreo Mosquera dice que no está decidido si va a ser el Concello o la Deputación el que se haga cargo
Un vecino protesta contra la planta en un Pleno de la Deputación
photo_camera Un vecino protesta contra la planta en un Pleno de la Deputación

El proyecto para construir una planta de compostaje en el monte de A Canicouva ha sido uno de los asuntos más comentados de los últimos meses en Pontevedra. Sin embargo, aunque los grupos políticos hayan debatido interminablemente sobre ello y los avances de este plan municipal hayan llenado páginas y más páginas de periódicos, todavía sigue habiendo puntos sin aclarar.

Uno de ellos es quién va a asumir los gastos de construcción y gestión de la planta. La llegada del BNG y, más concretamente, de Cesáreo Mosquera a la Deputación pontevedresa ha dado en el blanco de los intereses municipales, puesto que ahora la institución provincial comparte al 100% la política de compostaje que también impulsa el Ayuntamiento capitalino.

El Gobierno de la Deputación está poniendo todo su empeño en extender este modelo al resto del territorio provincial y se ha puesto a disposición de los concellos para implantar el compostaje (comunitario e individual) en los municipios.

Dada la situación, en A Canicouva cualquiera de las dos administraciones podría hacerse cargo de la infraestructura proyectada. Según explicó el propio Mosquera, por el momento "está sen decidir", pero "non é un problema maior".

En palabras del nacionalista, "hai razóns tanto para un caso como para o outro. Se é unha planta só para o Concello de Pontevedra, podería xestionala o Concello. Se se quere deixar aberta a opción de que se poida sumar algún municipio dos arredores, é máis lóxico que a xestione a Deputación, que tamén fixo xa un estudo de viabilidade. Ata pode suceder que a faga unha administración e despois lla transfira á outra".

El vicepresidente provincial insiste en que decidir eso no es lo más importante y que aún faltan por aclarar otras cuestiones de mayor relevancia, como el tamaño que tendrá finalmente la planta. Además, indicó que, sea la Deputación o sea el Concello el que se haga cargo, "a explotación váiselle contratar a unha empresa externa á que se lle aboará un canon, pero o seu financiamento non vai xerar un gasto a maiores".

La explicación del nacionalista se basa en el ahorro que, según aseguró, generará la práctica del compostaje.

"Agora mesmo, o lixo que xera Pontevedra supón un gasto moi elevado. Cada tonelada implica un desembolso medio duns 190 euros, aproximadamente: entre 120 e 130 euros son para a recollida (incluíndo os colectores, os vehículos, os traballadores...) e outros 65 ou 70 euros son para o tratamento na planta de Sogama. Se tes unha planta de compostaxe que che permite aforrar eses custes tan elevados porque evita a recollida actual e o envío a Sogama, a diferenza de gasto é enorme. Iso que se aforra fai posible financiar a planta de compost sen necesidade de poñer máis cartos enriba da mesa", afirmó. "É unha opción máis barata, máis ecolóxica e que cumpre coas obrigas legais que marca a Unión Europea", que obliga a reciclar la mitad de los residuos orgánicos.

Por todo eso, Mosquera afirma que la construcción y puesta en marcha de la instalación en A Canicouva no va a aumentar los recibos que pagan los ciudadanos.

DEBATE. Este es uno de los temas que ha generado debate político, al igual que los distintos posicionamientos sobre la ubicación de la planta.

El PSOE municipal defiende que la infraestructura se debería construir en un polígono industrial. De igual manera, el Partido Popular rechaza la construcción si no cuenta con todo el respaldo ciudadano y recuerda que los vecinos de Pontesampaio ya han manifestado su rechazo en reiteradas ocasiones.

A pesar de ello, el BNG sigue adelante con su plan y, esta misma semana, el Gobierno local formalizó el alquiler de los terrenos de la Comunidade de Montes de A Canicouva, que recibirá por la cesión del uso de diez hectáreas un canon anual fijo de 2.000 euros por hectárea y una renta anual variable de 0,40 céntimos por tonelada procesada.

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