El portavoz del PP local, Rafa Domínguez, aseguró este martes en rueda de prensa que Pontevedra pierde territorio por culpa de Miguel Anxo Fernández Lores. El líder popular responsabiliza al alcalde del nuevo informe realizado por los técnicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre el conflicto de lindes entre la capital provincial y Poio. En él, el organismo estatal ratifica que las fronteras entre ambos municipios deben ser las pactadas entre ambos municipios en 1889 y no las impuestas por la Boa Vila en 1938, durante la guerra civil.
El IGN determina que los terrenos usurpados en Orillamar hace 80 años deben ser devueltos a Poio. Estos incluirían las parcelas de la Comandancia de la Guardia Civil (que ya paga impuestos en el Consistorio poiense, salvo el IBI), el nudo de Bombeiros (en el que se encuentra el Parque Municipal, levantado sobre un solar comprado por el Concello capitalino en los años 60), parte de A Xunqueira de Alba y un tramo de la avenida de Domingo Fontán (el que está pegado al acceso al puente de As Correntes, rotonda incluida).
Luciano Sobral: "Isto ven a resolver un problema histórico. Ratifica o que levamos moitos anos defendendo. Punto e se acabou"
"Pontevedra es hoy más pequeña que cuando Lores llegó al poder. No solo económicamente, sino también en superficie", afirmó Domínguez, que considera que el regidor nacionalista no ha usado "todos los recursos del Concello para defender los intereses del municipio" y que la decisión del IGN resta peso a la ciudad. "Lo que hemos visto estos días es que Pontevedra no es, si quiera, capital de la comarca. ¿Por qué? Porque Poio le ha comido terreno a Lores", añadió.
#Pontevedra es hoy más pequeña que cuando Lores llegó al poder. No solo es más pequeña económicamente, como denunciamos siempre, sino también, literalmente, en superficie. pic.twitter.com/gmMCqhjbjd
— Rafa Domínguez (@RafaDominguezPo) 20 de noviembre de 2018
Domínguez cuestionó así la comisión de deslinde que Pontevedra creó para defender sus fronteras y presentar las correspondientes alegaciones contra la división territorial planteada por el Instituto Geográfico Nacional. En aquel organismo estaba presente su partido, el PP, que dio el visto bueno a las reclamaciones que el Concello trasladó a Madrid por el conflicto de lindes con Poio.
Las declaraciones del líder del principal partido de la oposición sorprendieron el martes al Gobierno local. "Pontevedra levou sempre este proceso de deslinde dunha forma cívica e pacífica. E os representantes do Partido Popular nunca fixeron ningún tipo de crítica ou tacha", afirmó el edil de Persoal, Vicente Legísima García, que censuró las críticas de Domínguez y aseguró que el Concello no dispone aún del informe complementario del IGN. "Que se lle bote a culpa ó alcalde en todo isto me parece lamentable. Se o señor Domínguez ten copia dese informe, o mínimo que debería facer é facilitarlla á comisión de deslinde", dijo.
Vicente Legísima: "Pontevedra levou o deslinde dunha forma cívica e pacífica. Que se lle bote a culpa disto ao alcalde me parece lamentable"
La última palabra en el conflicto de lindes entre Poio y Pontevedra la tendrá la Xunta, que deberá decidir si da validez a las conclusiones del Instituto Geográfico. Hasta que lo haga, la división fronteriza entre las dos localidades seguirá igual.
Si el último dictamen no convence a las partes implicadas, podría abrirse la vía judicial a través de un recurso contencioso-administrativo, una opción que el PP ve con buenos ojos. "Mi posición es que estos terrenos son de Pontevedra. A lo mejor hay que ir al juzgado", afirmó Domínguez.
La opción de los tribunales será la que elijan los comuneros de Campañó, que reivindican la integridad de la parcela en la que se sitúan las antenas del alto del Monte Castrove. Allí, el IGN reparte estas emisoras entre las comunidades de montes de San Xoán de Poio (a la que le adjudica una y la mitad de otra) y Campañó (a la que le otorga dos y la mitad de otra).
El alcalde poiense, Luciano Sobral, aplaudió este martes la resolución del IGN, si bien ve con recelo el posible conflicto comunal que puede crearse en O Castrove. "Isto ven a resolver un problema histórico. Ratifica o que levamos moitos anos defendendo. Punto e se acabou", concluyó.
La otra disputa fronteriza. La Xunta tiene pendiente de resolver el conflicto del Puerto de Marín desde 2001
Además del de Poio, la Xunta tiene pendiente de resolución otro conflicto territorial en el que Pontevedra también es protagonista. Se trata del deslinde con Marín por los terrenos del Puerto, que sigue sin resolverse desde que se originó la disputa: 1989.
Un informe del Instituto Geográfico Nacional de 2001 le dio la razón al Concello capitalino en su enfrentamiento territorial con el municipio vecino, que comenzó en la Praza de Marqués de Valterra, en donde se encontraba el último punto mojón. Desde entonces, el Gobierno gallego no se ha pronunciado al respecto.
La contienda en este caso está en decidir a quién pertenecen los terrenos ganados al mar durante la ampliación del recinto portuario, unas obras que la Justicia declararon ilegales.
La resolución de este conflicto de lindes entre ambos municipios no es sencilla. Las fronteras reclamadas por Marín obligarían a modificar los términos municipales y las definidas por la capital provincial supondrían censar tres empresas del Puerto en Pontevedra, por lo que pasarían de pagar sus impuestos en Pontevedra y no en la villa morracense. Las compañías afectadas serían Marfrío, Davila Reefer y buena parte de las instalaciones que el grupo Nogueira tiene en la zona.
"Se a Xunta resolve con Poio e non o fai con Marín podería ser arbitrario", advirtió el edil de Patrimonio, Vicente Legísima García.
