Las compañías eléctricas ocupan el escalón más alto en el ránking de reclamaciones presentadas ante la asociación provincial de amas de casa, consumidores y usuarios Rías Baixas. "Ya hemos recibido más de 200 consultas y tramitado 90 reclamaciones", explica María Álvarez, técnico de consumo. "La gente cuando contacta con nosotros lo hace después de haber intentado mediar y llamado a la compañía sin haber obtenido un resultado positivo. Siempre es mejor presentar una reclamación por escrito, sobre todo por salud mental", subraya la experta.
¿Se está registrando algún movimiento en defensa del consumidor a nivel estatal?
En efecto. Por primera vez tenemos un Ministerio de Consumo bien dirigido que está efectuando unas propuestas muy solventes. Además, contamos con una serie de legislaciones que están apoyando mucho al consumidor, sobre todo al más vulnerable como es la persona mayor afectado por la brecha digital. También tenemos una nueva Ley de Garantías muy solvente porque incrementa en un año la garantía de los bienes. Ese período aumenta de seis meses hasta el año y medio.
¿Y en cuanto a la regulación de la duración de los electrodomésticos?
También hay avances. A partir de ahora los electrodomésticos tendrán que ir acompañados detalladamente de instrucciones que nos indiquen qué duración tienen y, de este modo, acabar con la obsolescencia programada.
¿Qué se desprende de las estadísticas de las consultas y reclamaciones tramitadas por Rías Baixas en lo que va de año?
Que este año son inmensas las reclamaciones que tenemos contra la oligarquía de las compañías eléctricas. Aunque siempre tuvieron ese dudoso honor de copar los primeros puestos en las estadísticas, en lo que va de año la diferencia con el segundo puesto -en el que se sitúan los productos financieros- se ha incrementado de forma abismal. En comparación con el año pasado, las consultas y reclamaciones contra las eléctricas han subido en Pontevedra en torno al 60%.
¿Debido al incremento en el precio del kilowatio?
No tanto porque la sociedad entiende que no puede evitar la subida del precio de la electricidad. Las quejas de los consumidores se centran sobre todo en que no reciben las facturas y que éstas demuestran que las compañías no están facturando correctamente sino que lo están haciendo casi a boleo. No están cumpliendo con los contratos que habían pactado porque ven que no les resulta rentable, sobre todo en el mercado libre.
¿Qué aspecto es más común en las reclamaciones contra las entidades bancarias?
Las reclamaciones contra las entidades bancarias, que han subido alrededor de un 20% en estos primeros meses de 2022 con respecto al año pasado (a fecha de hoy son en torno a 50 las quejas tramitadas y más de 150 las consultas recibidas), se centran sobre todo en el cobro de comisiones después de haberle dicho al consumidor en un primer momento que no se las cobrarían. Muchas reclamaciones también se refieren a ciertos productos financieros complejos que los clientes no saben utilizar, así como también a créditos rápidos de empresas que actúan más como hamponas que como entidades financieras. El 99,9% de ellas no presentan denuncia judicial por impago porque saben que los créditos superan con creces el interés legal y que contienen cláusulas abusivas que forman parte de la usura.
Pero parece que este tipo de préstamos están cada vez más a la orden del día.
Cierto. Y es que los consumidores echan más mano de las entidades financieras de dudosa moralidad obligados por la necesidad ya que sus entidades bancarias de confianza no les conceden el crédito que solicitan.
¿Y en cuanto al sector de las telecomunicaciones?
Hemos notado un descenso muy grande en las reclamaciones y las consultas dirigidas al sector de las telecomunicaciones porque estas empresas no están actuando mal sino normal. Todos estos años ocupaba el primer puesto en el ránking del sector que acumulaba un mayor númerro de reclamaciones que, en el caso de nuestra asociación, llegábamos hasta el peldaño judicial. Las compañías habían perdido muchas reclamaciones, tanto en arbitraje como judicialmente, y recibido sanciones que les hacían pupa. Parece que han aprendido un poco, como lo demuestra el hecho de que en Pontevedra en lo que va de año hayan caído las reclamaciones en torno a un 40% con respecto a 2021. Además, han llegado al mercado nuevas compañías de telecomunicaciones que en sus comienzos están actuando bien.
¿Y la automoción?
Debido al cártel de vehículos hemos notado un incremento en el número de reclamaciones, con alrededor de 60 tramitadas, y realizado 60 mediaciones con resultado negativo en todas ellas. En 2013, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó que hasta 34 marcas de coches (algunas ya no operan en el mercado español) habían constituido un cártel para intercambiar información confidencial. La CNMC les impuso en el año 2015 una serie de multas ya que, en concreto les acusaba de haber intercambiado información confidencial para controlar el mercado de la distribución y la posventa, lo que iba en contra de la competencia. Podrían estar afectados más de 10 millones de clientes que compraron sus vehículos entre febrero de 2006 y 2013. Recientemente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado dichas multas.
"El consumidor sabe cada vez más de telecomunicaciones y no sobre el mercado eléctrico"
¿Hay más o menos reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones con respecto a 2021?
El número de reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones ha bajado muchísimo, con menos de 20 en lo que va de año. Además, frente a las 300 consultas que atendimos en el mismo período de 2021, este año no llegamos a las 80.
¿A qué se debe?
A que el consumidor entiende cada vez más sobre aspectos como el de la permanencia o la portabilidad, un término que antes les resultaba muy complicado de comprender. Por contra, no está habiendo un avance en el conocimiento sobre el mercado de las eléctricas. Mucha gente ni siquiera sabe que hay un mercado que está regulado y otro libre. Nos siguen haciendo muy complicado entender lo del pool eléctrico, en el que productores y comercializadores negocian la compraventa de electricidad para establecer el precio diario de la luz por horas.
