Las 21 toneladas de cocaína con destino a Galicia incautadas por las Fuerzas de Seguridad españolas y sudamericanas en 2017 suponen un hito con pocos precedentes. Droga oculta en veleros, mercantes, pesqueros, contenedores y otras embarcaciones no identificadas alcanzó las rías (no solo la de Arousa, sino también A Costa da Morte) a lo largo de los últimos meses, y ello fue así a pesar de la gran presión policial existente en las Rías Baixas.
Todo ello ha propiciado que la Fundación Galega Contra o Narcotráfico se haya puesto, una vez más, al frente del problema, a través de la elaboración de un completo informe que remitirá al Gobierno en las próximas semanas (tanto al Ejecutivo como al Legislativo) que se gestó en varias reuniones celebradas en los últimos meses, entre ellas el foro Nuevos retos de la lucha contra el narcotráfico en el siglo XXI desarrollado en la provincia de Pontevedra el verano pasado.
La primera de las medidas que pretende impulsar la FGCN tras la solicitud de todas las fuerzas de seguridad con competencias en materia de narcotráfico en Galicia tiene que ver con las actuales dificultades con las que se encuentran los investigadores para intervenir las comunicaciones telefónicas de los investigados. "Se pide la posibilidad de pinchar los teléfonos con más agilidad, evitando muchas de las trabas legales que se dan en la actualidad", relata Alonso, que añade que "también se reclaman medios técnicos para estar a la altura de estas organizaciones que tienen un gran poder económico. Sabemos que siempre se va un paso por detrás, pero es hora de avanzar". La posibilidad de captar las comunicaciones que se efectúan a través de los sistemas encriptados, muy extendidos mediante las aplicaciones WhatsApp y Telegram o por el sistema Blackberry, es una de las reclamaciones en las que coinciden la mayor parte de los agentes.
Pablo Varela, fiscal antidroga: Tenemos que agilizar los procesos y evitar las dilaciones indebidas que se acaban convirtiendo en rebajas de penas
Debemos aprovechar al máximo en la fase judicial el compromiso operativo de los agentes que luchan contra la droga
PENAS LEVES. Otro caballo de batalla que mantiene en pie de guerra a investigadores de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera tiene que ver con las "micropenas" que se están imponiendo con cada vez mayor frecuencia a importantes narcotraficantes vinculados con grandes alijos de cocaína.
Ejemplos de ello trascendieron esta misma semana, con condenas que no implicaron, salvo en un caso, ingreso en prisión, para el grupo de narcos dirigidos por Antonio Oubiña Viñas que intentó introducir en Galicia cerca de 2.000 kilos de cocaína.
Para mejorar en este sentido, jueces y fiscales apuestan por una especialización de forma definitiva de la materia del crimen organizado, con órganos con competencias exclusivas en la materia que eviten, por una parte, los retrasos en los procesos de instrucción (que desembocan en las dilaciones indebidas que acarrean importantes rebajas en las penas), y que sirvan para impulsar con más agilidad las investigaciones en curso. "Es preciso reivindicar también la necesaria especialización de juzgados encargados de la tramitación de investigaciones relativas al crimen organizado". Palabra del fiscal Antidroga, Pablo Varela.
Por otra parte, también instarán al poder legislativo a la elaboración de reformas que sirvan para unificar criterios, pues las penas que se imponen en la Audiencia de Pontevedra son, por norma general, más duras que las que salen de la Audiencia Nacional.
Sobre el repunte en la entrada de drogas, especialmente cocaína, durante los últimos meses, Alonso explica "esto debe incluir un rechazo social enérgico. Debemos concienciarnos mucho más, también las autoridades políticas", y añade que "se está produciendo un claro efecto llamada por la benevolencia penal que se está produciendo".
Fernando J. Alonso, gerente de la FGCN: Esto debe incluir un rechazo social enérgico. Debemos concienciarnos más, y también las autoridades políticas
Se piden medios técnicos para estar a la altura de estas organizaciones, siempre vamos un paso por detrás
PARTICIPANTES. El jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Antonio Duarte, el fiscal Antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, el agente especial Cris, uno de los responsables de la Dea (Drug Enforcement Administration) a este lado del Atlántico, Hermelino Alonso, coordinador regional del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Galicia, y la jueza Eva Armesto, actualmente destinada en Ponteareas pero con gran experiencia en el sector tras pasar varios años en Cambados, son algunos de los nombres que realizaron aportaciones al documento que prepara el gerente de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico, Fernando J. Alonso, para elevar al Gobierno "en busca de este problema tan serio vuelva a ser una prioridad para todos".
El documento, que también contó con la aportación de la Udyco (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) representada por Iago García Pascual, y de destacados integrantes del Equipo Contra el Crimen Organizado (Eco) y del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) de la Guardia Civil, incluye las citadas medidas urgentes que, según los expertos, servirían para combatir con más eficacia a las cada vez más profesionalizadas mafias del narcotráfico que operan en Galicia.
El fiscal Antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, aprovechó el encuentro con los altos cargos de las fuerzas de seguridad para explicarles las reformas legislativas que se implementaron recientemente, que incluyen más derechos para el detenido en relación con el conocimiento de los hechos por los que se le priva provisionalmente de su libertad y un encaje legal más estricto para las intervenciones telefónicas y otras diligencias de investigación habituales en la lucha contra el tráfico de drogas.
Además, Varela manifestó que "es una preocupación constante de la Fiscalía procurar la agilización de la tramitación de las causas judiciales sobre esta materia, evitando los supuestos en que la respuesta penal deba verse afectada por dilaciones derivadas del retardo en el funcionamiento de la Administración de Justicia".
Aprovechar el trabajo
El fiscal apuesta, al mismo tiempo, por "racionalizar la información aportada a la causa judicial, lo que permitirá evitar retrasos, llegar antes a la fase de juicio oral derivado de una investigación policial inicial y que, de esta manera, el compromiso operativo y personal de los agentes encargados de la lucha contra el narcotráfico, tenga el máximo aprovechamiento".
