La reforma del Reglamento General de Costas que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica preocupa a la patronal asentada en el litoral de Pontevedra y, obviamente, del resto de la comunidad gallega. El articulado que está sobre la mesa propone, según los empresarios, un máximo de 15 años para las actividades industriales que se desarrollan en la ribera del mar e incluso un tope más reducido de "tres años" para las que puedan tener un "impacto paisajístico negativo". El blanco de la diana es fácil de detectar, sobre todo en Galicia. Conserveras, depuradoras y otras sociedades vinculadas al mar se sienten señaladas y temen que los calendarios que han empezado a dibujarse en Madrid pongan su negocio en peligro. Las calculadoras echan humo.
El artículo que ha hecho encender las alarmas es el 135, que estipula cuánto duran las concesiones y sus posibles ampliaciones. Según la propuesta en fase de redacción, aparte del tope de 15 años, habrá un segundo de 30 años. Para actividades empresariales, como chiringuitos, hoteles y restaurantes, y un tercero de 45 para instalaciones que prestan "servicio público".
El Ministerio de Transición Ecológica subraya que se trata de una propuesta que está en una "fase muy preliminar"
El Reglamento en ciernes fija un máximo general de 75 años para todas las concesiones, incluidas las posibles prórrogas,lo que significaría un notable recorte frente a los previstos en el actual Reglamento (aprobado el 11 de octubre de 2014). Este también fija un límite de permanencia de 75 años, pero permite estadías de hasta 50 años para las empresas que, "por su naturaleza", deben ocupar el dominio público marítimo-terrestre. El tiempo incluso puede ser prorrogado durante diez años más, como ocurrió en el caso de Ence, cuando el solicitante presenta un proyecto para "la regeneración de playas" o "contra los erectos del cambio climático".
OPOSICIÓN
La reforma impulsada por el Gobierno de Sánchez fue trasladada en octubre al Grupo de Trabajo del Litoral, un órgano dependiente del Consejo Asesor del Medioambiente y en el que están representadas organizaciones empresariales con peso en Pontevedra. La chispa no tardó en saltar.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), junto a otras asociaciones profesionales relacionadas con la industria pesquera, la acuicultura y la conserva (como Anfaco, AGADE y APROMAR), pusieron el grito en el cielo y acordaron recoger en un documento la oposición frontal al nuevo articulado. A su juicio, la proposición "recrudece los puntos críticos" que ya advirtieron en marzo tras conocer la primera propuesta del Ministerio expuesta al público. Y da lugar a una propuesta que reduce "radicalmente la duración de las concesiones" y "afecta gravemente" a la ribera del mar, donde están asentadas instalaciones que considera trascendentales. Entre ellas, "los parques de cultivo de moluscos" y "la totalidad de los tubos de captación y desagüe" de las fábricas que usan agua de mar.
En este escenario la patronal exige la "reconsideración" del anteproyecto de reforma del Reglamento, que considera "innecesario desde el punto de vista jurídico, injustificadamente receloso, limitante (...) y reduccionista", reza el documento que prevé trasladar al Ministerio. Además, advierte de que el revés legislativo genera una incertidumbre que, por lo de pronto, ya ha puesto en cuarentena las inversiones de futuro.
FASE PRELIMINAR
Las fuentes consultadas del Ministerio para la Transición Ecológica no quisieron confirmar los plazos filtrados por las organizaciones empresariales y subrayan que la propuesta solo representa "un punto de partida". Según dicen, esta fue reformulada "como resultado de las alegaciones recibidas" y el Ministerio todavía está a la espera de recibir "sugerencias y propuestas".
De ser aceptadas, éstas serán incluidas en el texto, que volverá a ser expuesto al público y sometido a informe del Consejo de Estado. "Todavía estamos en una fase muy preliminar", destacan responsables del Ministerio. "Y aún no hemos recibido ninguna alegación por parte de la CEOE", añaden.
El Gobierno central aprobó en 1988 la primera Ley de Costas. Uno de sus objetivos fue regular las concesiones que se habían concedido hasta la fecha en los 7.880 kilómetros de costa del país y poner coto a las sucesivas. Así, en su artículo 66 estableció que "los plazos máximos de duración de las concesiones" variarían "en función de los usos" y que "en ningún caso" podrían "exceder de treinta años".
Prórroga extraordinaria
Visto que el tope de las tres décadas se avecinaba, el Gobierno impulsó una reforma legislativa que culminó con la aprobación de la Ley de Costas de 2013, la norma con la que se dio pie a distintas interpretaciones de los tiempos permitidos. Por un lado, la ley fijó un "plazo máximo de duración de las concesiones, que pasa a ser de setenta y cinco años".
Pero, por otro, introdujo la figura de la "prórroga extraordinaria para las concesiones existentes", cuya duración máxima también fue fijada en "setenta y cinco años para hacerla coincidir con el nuevo plazo máximo por el que se podrán otorgar las concesiones". La Ley fue aprobada el 30 de mayo de 2013 y el 8 de noviembre de ese mismo año Ence y muchas otras compañías solicitaron (en otras fechas) una prórroga con cargo a la misma.
Tope de 75 años
En octubre de 2014 volvió a haber un giro de tuerca. El Gobierno aprobó el Reglamento General de Costas, que impuso un "límite temporal máximo de setenta y cinco años en el que queda integrado el tiempo de duración de la concesión y las posibles prórrogas".
