La renta social municipal podrá cobrarse entre seis meses y un año. Así figura en el anteproyecto de la ordenanza que tramita el Concello para prestar ayuda económica a personas en riesgo de pobreza, que es el colectivo al que va dirigida esta iniciativa.
El Gobierno local confía en aprobar la nueva normativa, que acumula una larguísima tramitación, en el Pleno del próximo mes de junio. Y así se lo trasladó la concejala de Benestar Social, Anxos Riveiro, a los representantes de la oposición en la última reunión de la comisión informativa. La aprobación del reglamento será posible solo si se obtienen los informes municipales pendientes, esto es, el de la Asesoría Xurídica y el del servicio de Intervención.
Una vez superado este trámite y el visto bueno de la Corporación local, la ordenanza deberá ser sometida a información pública y superar el proceso de alegaciones para lograr la aprobación definitiva. En el mejor de los casos, la activación de la renta social no será posible hasta después del verano.
Para percibir este tipo de ayudas, los beneficiarios deberán reunir una serie de características. Una de las más importantes es estar en riesgo de exclusión social y otra tiene que ver con el cobro de otros subsidios. La renta municipal no será compatible con los 400 euros de la Risga, tal y como la Xunta le ha recordado al Concello a través de sus informes preceptivos. "De darse este suposto, e xa que as persoas destinatarias de ambas prestacións non son as mesmas, non se contravén o principio de non duplicidade do servizo", exponen los responsables del área de Benestar Social en la memoria que acompaña a la nueva ordenanza.
La puesta en marcha de la prestación municipal, cuyas cuantías todavía no han trascendido, contará con una partida en los Presupuestos de 2018. Esta ascenderá a 425.000 euros, 25.000 euros más que la prevista en 2017.
