La renta social municipal está a punto de activarse. Y lo hará después de que la ordenanza que regula esta línea de subvenciones se aprobase en el Pleno del pasado mes de marzo. La burocracia ha retrasado el pago de estas ayudas dirigidas a personas en riesgo de pobreza. De hecho, la Xunta de Goberno local dio este lunes el visto bueno a la convocatoria para que los vecinos se acojan a esta renta. La portavoz del Concello, Anabel Gulías, aseguró que se sólo se han recibido cinco solicitudes. Los cálculos iniciales hablaban de 75 familias como posibles benefactoras.
Los aspirantes deben reunir una serie de requisitos para acceder a estas subvenciones, para las que se reservó una partida de 425.000 euros en los Presupuestos de 2019. La ayuda se calcula en función de los ingresos y tiene en cuenta si las unidades familiares tienen menores o personas dependientes a su cargo. Para recibirla es obligatorio ser mayor de edad y estar empadronado en Pontevedra.
El escaso número de solicitudes recibidas obligará al Concello a valorar si continúa con esta medida
La selección de candidatos le corresponde al Servizo de Benestar Social, que dispone de un máximo de dos meses para resolver los expedientes. A efectos económicos, las pagas se formalizarán el día uno del mes siguiente al de la adjudicación.
La ayuda máxima por vecino será de 537 euros y su duración inicial es de seis meses. Para lograr una prórroga por otros seis, los beneficiarios tendrán que acreditar que siguen reuniendo las condiciones para cobrarla.
La iniciativa, que fue impulsada por Marea durante el anterior mandato, fue objeto de una larga tramitación. Duró más de dos años debido a los informes sectoriales que el Concello tuvo que pedir a la Xunta. Las personas que quieran optar a la renta social municipal no podrán cobrar otras prestaciones, como la Renda de Inclusión Social de Galicia, la Risga, cuya cuantía y duración es superior.
La ordenanza municipal también exige una serie de obligaciones a los integrantes de la unidad familiar que reciba la paga del Concello. Una de ellas es la escolarización de los menores que aún estén en edad de ir al colegio o al instituto. También se exige que, en caso de estar desempleado, se mantenga una actitud de búsqueda activa de empleo salvo que el preceptor tenga una invalidez absoluta, esté en situación de dependencia reconocida por la Administración autonómica o no esté en condiciones de incorporarse al mercado laboral (previo informe correspondiente).
La disponibilidad para el empleo es esencial para los beneficiarios de la ayuda local. Todos ellos deben estar inscritos en las antiguas oficinas del Inem.
Además de su incompatibilidad con la Risga, la subvención municipal no puede cobrarse si el destinatario tiene una pensión no contributiva o prestación similar. Cualquier otro ingreso no impide el acceso a este dinero, pero sí supone un importante descuento del importe. Los preceptores tampoco pueden ejercer la mendicidad o forzar a su práctica a otros miembros de la unidad familiar.
El escaso número de solicitudes recibidas, cinco en total, obligará al Concello a valorar si continúa con esta medida. "Fixemos unha ordenanza para seguir con ela. Pero veremos o que pasa este ano. Non hai un número crítico que nos faga pensar en ampliar o Orzamento do ano que vén", indicó Gulías, que recordó que la decisión sobre el importe de esta subvención y su continuidad dependerán de la Concellería de Benestar Social, que dirige Paloma Castro.
