Tras la larga comparecencia del martes en la que el presunto impulsor de la asociación cannábica Casa María daba toda clase de explicaciones acerca del funcionamiento de la misma antes de ser desmantelada por la Policía Nacional de Pontevedra, la jornada del miércoles sirvió para escuchar a los otros dos acusados, socios del anterior en la creación de un proyecto cuyo objetivo era, según declararon, la investigación y el conocimiento de la hierba y sus usos terapéuticos, por una parte, además de obtener un autoconsumo más seguro lejos de los canales de venta ilícita.
El representante del Ministerio Público, el fiscal Antidroga Pablo Varela, preguntó al acusado, con estudios en Biología, acerca de esos objetivos. Entre ellos, el encausado señaló que "buscábamos un tipo de marihuana en concreto, terapéutico y que mejoraba la calidad de vida de las personas", a lo que añadió que "empezamos de cero y al principio la calidad era mala".
Varela le interpeló acerca de la jurisprudencia existente en relación con esta clase de asociaciones, que, según indicó, tienen que desarrollarse en ámbitos cerrados y por un tiempo limitado y no "con una estructura con vocación de permanencia y apertura a más socios, como era el caso".
El colectivo, que llegó a contar con 192 socios antes de ser desmantelado, tenía unas instalaciones en la calle Tristán de Montenegro además de una parcela en Vilaboa.
El fiscal explica en su escrito de acusación que los procesados F.J.P.O. y L.A.F.L., que constituyeron la citada asociación cuyos fines eran "el estudio sobre el cáñamo y sus posibles aplicaciones culturales, científicas y terapéuticas", entre otros, "al menos desde marzo de 2013 se han dedicado a utilizar una vivienda de Pontevedra como secadero de plantas de cannabis que después vendían a terceros".
El fiscal añade que posteriormente, con el apoyo del también acusado R.B.B., alquilaron otra vivienda, en este caso en Vilaboa, para destinarla "a sembrar y hacer crecer plantas de marihuana para la posterior venta a terceras personas en la casa de Pontevedra".
Los acusados se exponen a peticiones de cárcel de entre tres y cuatro años que podrían rebajarse el martes, cuando Varela presente su calificación definitiva.
