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Rey afirma que no provocó ningún perjuicio económico al Concello

El alcalde de Caldas de Reis se enfrenta a una petición de suspensión de cargo público

«No hay nada de calado, pagué las multas de mi bolsillo y tengo la conciencia tranquila», afirmó ayer el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey. El día 31 de marzo, el regidor tendrá que acudir a una citación judicial, en la que se decidirá si se abre juicio oral contra la causa que se instruye desde hace más de un año, y por la que está imputado, es archivada definitivamente.

El fiscal solicita la apertura de juicio oral con jurado, pide para el alcalde una pena de dos años y seis meses de suspensión de empleo o cargo público. El representante del Estado considera que Rey es autor de un delito de malversación de caudales públicos.

El ministerio público pide la pena de doce meses de multa con una cuota diaria de 16 euros, que equivale a 5.760 euros. «Tengo acreditado que pagué las multas», reiteró el regidor momentos antes de mantener una reunión con un abogado para prepara los argumentos de su defensa.

En el apartado de responsabilidad civil, el fiscal no plantea petición de indemnización por daños y perjuicios al erario público porque entiende que Rey ya devolvió el dinero que había empleado para pagar dos multas que son el origen de la causa judicial.

El ministerio público mantiene que el alcalde ordenó el pago de 1.450 euros, el 28 de febrero de 2007, y que el entonces teniente de alcalde, José Blanco, firmó la orden que le dio, el 8 de septiembre del 2010, para que destinase 600 euros para hacer frente a las multas coercitivas que le habían sido impuestas.

El fiscal reconoce que Rey ingresó el dinero en las arcas municipales antes de que transcurriesen diez días desde la fecha en la que fue llamado a declarar por este asunto, y que el plazo para reclamar una de ellas ya prescribió.

Las sanciones le fueron impuestas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra por no obedecer una orden firme de derribo de un edificio que en la calle Real. El inmueble cuenta con una licencia anulada en instancia judiciales por incumplir la normativa del fondo edificable. El alcalde sostiene que no tiene responsabilidad política alguna porque fue otorgada con todos los informes técnicos favorables. «No hubo quebranto económico alguno para el Concello», agregó.

Rey afirma que no provocó ningún perjuicio económico al Concello
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