La mesa de diálogo convocada por la ministra Teresa Ribera para hablar sobre el futuro de Ence acabó este miércoles con buenas palabras pero también con grandes incertidumbres. Después de dos horas de conversación entre los comités sindicales, la empresa, el Gobierno, la Xunta y los sectores auxiliares, el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, aceptó por primera vez "escuchar posibles alternativas de ubicación" dentro de Galicia para abandonar la ría de Pontevedra, tal y como propuso la titular de Transición Ecológica. Pero a renglón seguido reiteró que lo hace "por responsabilidad" y con varios informes técnicos en su poder que hablan de la "inviabilidad" de un traslado dentro de la comunidad autónoma.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno aclaró un poco más las dudas con la Ley de Cambio Climático. Admitió que, en principio, permitirá el mantenimiento de Ence en Lourizán hasta 2033 y señaló que solo si la empresa gana los recursos contra su prórroga de 60 años (pendientes de una decisión de la Audiencia Nacional) podría quedarse más tiempo. Precisó además que la intención de la nueva ley es limitar la ocupación industrial de la costa. Y descartó cambiar el polémico artículo 18.4, que deja abierta la posibilidad de anular la concesión de prórrogas extraordinarias para cualquier empresa que cumpla 75 años de ocupación en la franja litoral.
La ministra señala a 2033 como fecha límite de la pastera en Lourizán, salvo que la Audiencia Nacional le dé la razón en su prórroga
La ministra quiere que Ence abandone la ría y admite que será posible utilizar fondos europeos, pero "siempre que conozcamos previamente el proyecto industrial concreto que se pretenda".
En principio, cabría incluso la posibilidad de que Ence complete su ciclo productivo con una papelera. Pero el verdadero problema es decidir dónde. La Xunta, representada por el conselleiro de Industria, Francisco Conde, se plegó a trabajar "con la empresa, los trabajadores y el Gobierno", en la búsqueda de posibles alternativas. Pero acusó directamente al Ministerio de Transición Ecológica de "crear el problema y pedirle a otros que lo solucionen", y alertó sobre un posible efecto dominó del caso Ence en otras empresas radicadas en la costa gallega y cuya continuidad a medio o largo plazo depende de que sea o no posible solicitar esa prórroga extraordinaria que tan poco parece gustarle al Gobierno.
En medio, el alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, reiteró una vez más que quiere a Ence fuera de la ría "no menor prazo posible" y aplaudió que la pastera hable "por fin" de posibles alternativas de ubicación, incluso mejorando su negocio actual con una pastera, "pero sempre fóra de Lourizán". Lores matizó que el Concello "carece de competencias" en esta operación y pidió a la Xunta y al Gobierno que "actúen con dilixencia" para hacer posible el traslado de la pastera.
Para los trabajadores y las empresas auxiliares, la declaración de intenciones del miércoles es un "buen punto de partida". En realidad, a las cerca de 5.000 familias pendientes de Ence lo que en realidad les aterra es la posibilidad de que el grupo se deslocalice fuera de España, posibilidad de la que ya han hablado desde la dirección de Ence como una opción real.
La empresa insiste en que el traslado "no es viable" pero acepta por primera vez escuchar posibles emplazamientos "por responsabilidad"
Todas las partes han quedado en "seguir hablando" y explorar esas alternativas, si bien Ence enfrió las expectativas a la salida al remarcar que su verdadero interés es "continuar en Lourizán hasta 2073" y luchar jurídicamente por conservar la prórroga de 60 años adicionales que el Gobierno de Rajoy les concedió en 2016.
FEIJÓO. Horas antes del encuentro, fue el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien afirmó desde el concello de Cerdedo-Cotobade que "pola información que eu teño é a primeira vez que existe unha posibilidade real de que Ence peche e se vaia de Galicia".
La disponibilidad o no de fondos europeos para hacer frente a los 700 millones de euros en los que se ha llegado a valorar una reubicación del complejo industrial de Lourizán será determinante para que la empresa se llegue a plantear en serio esa opción.
Y el uso del dinero de Europa tiene el riesgo añadido de que otras empresas en similar incertidumbre jurídica sobre su continuidad en la costa exijan los mismos fondos Next Generation que valen para trasladar Ence.
En los próximos días se conocerá la hoja de ruta de Gobierno, Xunta y Ence para la localización de esas posibles alternativas. Este martes mismo, el presidente provincial del PSOE, David Regades, daba la "bienvenida" a la Xunta a la búsqueda de una ubicación para Ence "dentro de la comarca de Pontevedra".
